La Asamblea acuerda dejar sobre la mesa una modificación del reglamento regulador de las ayudas y servicios para atender necesidades sociales

La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha defendido esta modificación técnica “que pone en el centro a las familias vulnerables y a los que peor lo están pasando”, pero la oposición considera que “se queda corta”

El Pleno de la Asamblea ha acordado por unanimidad dejar sobre la mesa una modificación del reglamento regulador de las ayudas económicas y servicios para la atención de necesidades sociales de la ciudad autónoma de Melilla. Una modificación “técnica y política” que, según ha defendido la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, “pone en el centro a las familias vulnerables y a los que peor lo están pasando” en una Melilla “totalmente diferente” a la de 2018.

Así, vincula la pérdida de poder adquisitivo de dichas familias a “una consecuencia directa de las políticas” aplicadas por el Gobierno central, “que nos ha negado sistemáticamente deflactar los impuestos que gravan el consumo como los del IRPF”.

Todo ello pese a que, tal y como denuncia, “el PP lo ha reclamado de forma reiterada”.

En cualquier caso, sobre las medidas que Mohamed ha defendido en el nuevo reglamento que han llevado a pleno destaca la reducción del padrón de cinco a tres años, un plazo “razonable” para justificar que una familia tiene arraigo en la ciudad, vincular el umbral al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con un acceso de hasta el 140% del SMI. “Esto quiere decir que si una familia de cinco miembros cobra hasta 1658 euros mensuales aún tiene acceso a las ayudas sociales, lo que implica una mayor justicia social”, ha defendido.

También se ha tenido en cuenta la subida del alquiler y las hipotecas. La cuantía máxima anual ascendería a 3000 euros, triplicando el importe en el presupuesto de 2026 y se han actualizado los baremos económicos de concesión del Ingreso Melillense de Integración (IMI), entre otras medidas.

Modificación “de mínimos”

No obstante, para CPM y Somos se trata de una reforma “de mínimos”.

Por un lado, la portavoz de CPM, Dunia Almansouri, ha asegurado que se trata de una modificación “de mínimos” y apuesta por darle “una vuelta completa” debido a la actual situación socioeconómica de Melilla, “que nada tiene que ver con la de 2018”. Denuncia también que se pretenda eliminar las ayudas a la reposición de libros y material escolar.

El diputado de Somos, Amin Azmani, también considera que la reforma “se queda corta” y propone, entre otras cosas, que la modificación se vincule con un plan de capacitación y orientación sociolaboral “con medidas bastante concretas”, así como que se reduzca el requisito de residencia de cinco a tres años.

También ha encontrado varios “problemas de fondo y de forma” el diputado de Vox, José Miguel Tasende, advirtiendo de la reducción del requisito de residencia, advirtiendo que puede tener “una consecuencia directa en la prestación de los servicios”. “Reducir el arraigo puede abrir la puerta a más demanda y a más tensión presupuestaria”, afirma.

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