La partida que recibirá la Ciudad Autónoma para políticas sociales por parte del Estado para este año 2017 se incrementará en 265.000 euros, según se acordó ayer en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la que acudió el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura. En este encuentro, al que acudieron los consejeros de Servicios Sociales de las distintas comunidades y ciudades autónomas, se abordó la distribución de créditos para el año 2017 para el desarrollo de políticas y servicios sociales. Se aprobó que las cuantías de los créditos a percibir por las distintas comunidades sean exactamente iguales a las del pasado año, hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, momento en que la cuantía global pasará de 27.413.730 a 40.000.000 euros, momento en el que "para Melilla habría un incremento de unos 265.000 euros", según reseña el consejero Daniel Ventura, en una nota de prensa.
No obstante en mayo se reunirá un grupo de trabajo para estudiar la distribución de créditos dónde tanto Ceuta como Melilla pedirán que "se tenga en cuenta la extrapeninsularidad y la densidad de población" de los territorios, con lo que "a Melilla nos correspondería un índice de distribución más interesante para la ciudad y para la atención a las familias en riesgo de exclusión social".
Anunció también el consejero la creación de un grupo de trabajo para analizar el futuro del Sistema de las subvenciones del IRPF, ayudas dirigidas a las organizaciones del tercer sector con las que "se atiende a 7.300.000 beneficiario y da trabajo a 600.000 personas en todo el país". "Se formará un grupo de trabajo para ver cómo podemos mejorar el modelo y la distribución", reiteró. En principio, "pretendemos hacerlo con una distribución similar a la de años anteriores para que este año pueda salir adelante. Por otro lado serán las CCAA y las ciudades autónomas, las encargadas de la distribución de las partidas dando, este año, continuidad a las entidades que atienden a sus beneficiarios".
"No es bueno que desde las Comunidad Autónomas se genere una incertidumbre que no se merecen estos colectivos, por tanto necesitamos aprobar el modelo propuesto por el Ministerio, dar continuidad de momento y mejorar modelos en el futuro grupo de trabajo", indicó.
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