La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido al Tribunal Supremo que cite como testigo a un fiscal que asegura haber visto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «revisando» un móvil con su ‘número dos’ durante el registro que la Guardia Civil realizó en su despacho el pasado 30 de octubre.
La APIF sostiene que tiene «constancia» de que ese día «la teniente fiscal del Tribunal Supremo (Ángeles Sánchez Conde) y Álvaro García Ortiz, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaba a cabo sus pesquisas, fueron vistos alrededor de las 19:00 horas en el salón noble de la Fiscalía General del Estado –concretamente, en el espacio situado junto una obra del navegante Juan de la Cosa– revisando un móvil aparentemente perteneciente al meritado investigado».
El testigo en cuestión sería el fiscal del Supremo Salvador Viada –exportavoz de la APIF–, según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado ayer miércoles ante el alto tribunal.
Así las cosas, la asociación –representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoléon Cánovas– solicita que se cite a Viada como testigo «a efectos de acreditar la veracidad de este singular e insólito encuentro» entre García Ortiz y Sánchez Conde.
Actuación «inconcebible»
La APIF considera «inconcebible» que la fiscal encargada del asunto se reúna con el investigado y «examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, un prueba crucial del delio, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto del sumario».
La asociación también reclama que se libre oficio a la empresa responsable del servicio de seguridad de la Fiscalía General para que «aporte las grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble». En concreto, pide las grabaciones del día 30 de octubre, entre las 18.00 horas y las 19.45 horas; no obstante, solicita que sean «conservadas» las grabaciones de «todo el día, por si resultasen necesarias».
La APIF subraya que esta última petición debería ser «ejecutada de modo inmediato», porque se trata de grabaciones que «tan solo se conservan durante un plazo máximo de un mes». Respecto a la declaración del testigo, entiende que puede practicarse «una vez alzado el secreto de sumario».
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