La acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado «una vez se dicte auto de apertura de juicio oral», un paso que llegará después de que la Sala de Apelación confirmase este martes su procesamiento al considerar que impulsó y coordinó «personalmente» la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación sostiene que «la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso», en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes».
«Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz», insiste.
La APIF afirma que «no puede delegarse en los miembros del Ministerio Fiscal a los que alude el reglamento la adopción de esta medida», porque García Ortiz, en tanto fiscal general del Estado, «no puede decidir si corresponde o no su propia suspensión cautelar». «Debería abstenerse por tener un interés directo en el asunto», añade.
En su escrito, la acusación sostiene que el Supremo es el tribunal competente para la adopción de esa medida. «A fin de cuentas, resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario ya acusado», asevera la APIF.
Fue este martes cuando la Sala de Apelación respaldó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, por el que las acusaciones piden hasta 6 años de cárcel. Los magistrados Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar, desestimaron el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, pero por mayoría, ya que Palomo ha emitido un voto particular.
En cambio, estimaron por unanimidad el recurso de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que levanta el procesamiento y archiva la causa, al considerar que estaba obligada a rendir cuentas a García Ortiz sobre las pesquisas contra González Amador, por lo que queda exonerada.
Cabe recordar que la APIF pide que García Ortiz sea condenado a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos.
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