La AN ordena bloquear hasta 490.780 euros de Zapatero y saldos de otras cuentas de la presunta trama Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el ‘caso Plus Ultra’, ha ordenado bloquear hasta el límite de 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.

Así lo ha avanzado ‘El Mundo’ y lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que precisan que es el importe recibido por Zapatero de Análisis Relevante, empresa de Julio Martínez Martínez –amigo del expresidente y que también está investigado– y una de las mercantiles señaladas por los investigadores.

El magistrado instructor también ha acordado el bloqueo de saldos de otras empresas investigadas en la causa, han indicado las mismas fuentes.

En el auto en el que cita a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio como investigado, el juez indicaba que, del análisis financiero realizado, el exdirigente socialista y su entorno eran «los beneficiarios finales de la operativa», ya que detecta «transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos».

«La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)», de sus hijas, detallaba.

Calama señaló que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Esa supuesta trama tendría como finalidad «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

También apunta que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta, que fue la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

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