La Abogacía lleva a los tribunales el impago de casos asistidos por turno de oficio

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha acordado emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia por el impago de servicios prestados por abogados del Turno de Oficio el pasado mes de octubre que después no fueron reconocidos como justicia gratuita en los territorios que gestiona, y ha reclamado la dimisión inmediata de la ministra Dolores Delgado. Se trata de determinados casos asistidos siguiendo mandato judicial por abogados del turno de oficio registrados en la denominada 'zona Ministerio', que comprende Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Illes Balears, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal, Ceuta y Melilla, "Los consejeros y consejeras han respaldado de forma unánime llevar hasta sus últimas consecuencias la reclamación judicial ante una decisión que han calificado como incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por el carácter unilateral con el que se aplica", según explica la Abogacía en un comunicado. Ahora, los Servicios Jurídicos del Consejo estudiarán si la reclamación al Ministerio de Justicia por esos servicios que considera ajenos al sistema de Justicia Gratuita se hará atendiendo a ese baremo o si por el contrario, lo que se le requerirá en los tribunales es el abono de los honorarios de libre mercado de esos abogados que habían recibido una designación judicial para intervenir en un proceso por turno de oficio.

El CGAE explica que, en todo caso, "la reclamación exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito" y apuntan que abre la puerta a que aquellos Colegios de Abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones, lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años. "El Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años", concluye el Consejo, que confía en que los tribunales acaben dándoles la razón, porque entienden "fuera de toda duda la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez".

Acceda a la versión completa del contenido