Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha defendido este lunes ante la comisión de investigación del Senado sobre la compraventa de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia del coronavirus: «He trabajado toda mi vida y he hecho lo correcto». (Foto Europa Press).
Así se ha pronunciado en respuesta al senador del PP Luis Santamaría, quien durante toda su intervención le ha preguntado por los contratos que se investigan también en la Audiencia Nacional y por su relación con el resto de investigados y ha dejado caer menciones al denominado ‘caso Tito Berni’ y el conocido como ‘caso Delcy’.
García, que al inicio de la sesión ha avisado que se iba a acoger a su derecho a no declarar porque figura como imputado en el Juzgado Central de Instrucción Número 2, ha intervenido para defenderse de las palabras del senador PP, a quien ha espetado que «cree el ladrón que todos son de su condición».
«He trabajado toda mi vida. Toda mi vida. Y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo en todo momento, son todo irregularidades, ilegalidades, que las está diciendo por decirlo porque todavía la Justicia no ha dictaminado, para su desgracia», ha apuntado.
El exasesor de Ábalos ha afeado a los senadores que entraran en lo que ha calificado como su crucifixión mediática y ha acusado al representante del PP de decir «verdaderas salvajadas».
«¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija, hay familias, hay amigos? ¿Y ustedes ya me han culpabilizado? ¿Ya han hecho un dictamen? Porque quien tiene que dictaminar es la justicia. No los medios de comunicación ni ustedes», ha señalado.
Así las cosas, ha insistido en que «mediáticamente» le han «crucificado». «Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle», ha señalado en respuesta al senador de ERC Joan Queralt.
Al hilo, ha preguntado a los senadores de la comisión si le van a llamar cuando le declaren inocente. «Esa es la pregunta que le hago yo», ha añadido, algo que ha generado molestias en los grupos parlamentarios, que han recordado que las preguntas corresponden a los senadores y no al citado.
García ha asegurado que si le preguntan «algo serio» va a «responder seriamente». Pero ha advertido de que hay cuestiones que aún no puede resolver porque «todavía» no dispone de las herramientas para confirmarlo. «Yo estaría encantado de volver y responderles, pero una vez que haya hablado con su señoría», ha apuntado en referencia al juez Ismael Moreno.
El que fuera asesor de Ábalos se ha pronunciado después de que varios partidos le plantearan una batería de preguntas que ha decidido no contestar al entender que debía acogerse a su derecho a no declarar.
«Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría», ha señalado tras las primeras preguntas.
Con todo, García ha empezado su comparecencia avisando de que «en ningún momento» ha querido esquivar a la Cámara Alta. «No he querido ni esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Soy una persona localizable. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me tienen localizado y cada 15 días comparezco ante el Juzgado», ha apuntado.
En el marco de la comisión de este lunes, García también ha defendido la labor de los profesionales de los Ministerios que suscribieron contratos con la empresa principal de la supuesta trama, Soluciones de Gestión.
«Es totalmente injusto poner en duda su trabajo, porque lo hicieron perfectamente», ha añadido, para luego insistir en que es «gente que lo dio todo en un momento complicadísimo». «Y gracias a Dios no estaban ustedes», ha agregado.
Según detalló la Fiscalía Anticorrupción en su querella, el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio –ADIF– «donde asesoraba al titular» del mismo. «Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del Interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes», añade.
En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros.
Cabe recordar que, en el marco de la investigación judicial, el Ministerio Público sostiene que García incrementó su patrimonio de manera «notable» entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría alcanzar 1,5 millones de euros. La Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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