Las asociaciones de jueces y fiscales –todas menos las progresistas– han anunciado que mantienen la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les advirtió de que carecía de sustento normativo, informando además de que fijarán servicios mínimos.
Así consta en un comunicado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) enviaron el jueves a jueces y fiscales.
Reaccionaron de esta forma al Pleno extraordinario celebrado ese mismo día por el CGPJ para analizar la convocatoria de esta huelga, a instancias de las asociaciones y del Ministerio de Justicia, donde el Consejo resolvió por unanimidad que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, «por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria» ni fijar servicios mínimos.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indicaron que, pese a ello, el CGPJ no contempla imponer ningún tipo de sanción disciplinaria a los jueces y magistrados que participen en la huelga, al tiempo que aclararon que descontar el salario de esos días de parón es competencia del Ministerio de Justicia.
Las asociaciones responden que «el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española» y, como tal, «no cabe interpretación restrictiva», por lo que «la ausencia de normativa específica de desarrollo» no puede suponer la exclusión de jueces y magistrados.
A ello suman que «se trata de un derecho de titularidad individual, que cada persona puede ejercer de manera autónoma y sin necesidad de autorización o comunicación previa», por lo que recalcan que «no existe obligación legal de comunicar por adelantado la decisión de ejercer el derecho de huelga».
«Además, puede modificarse hasta el último momento, sin que exista impedimento legal alguno para que una persona decida finalmente secundar la huelga incluso si inicialmente no lo había previsto», añaden.
Cualquier intento de obstaculizar sería una «infracción muy grave»
En este contexto, advierten de que «cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave».
No obstante, indican que, «con el único fin de facilitar un seguimiento aproximado del grado de participación», el Comité de Huelga ha habilitado unas direcciones de correo electrónico donde «quienes así lo deseen podrán comunicar, de forma voluntaria y confidencial, su decisión de secundar la huelga».
Asimismo, señalan que, «ante la falta de fijación oficial de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado, respetando el sentido de las referidas indicaciones y el propio derecho a la huelga reconocido constitucionalmente», los ha establecido el Comité de Huelga «para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía, sin desvirtuar el derecho de huelga».
Por último, subrayan, «frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos» que «el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional».
No descartan más medidas
Avanzan asimismo que, «una vez finalizados estos tres días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado parlamentario de las reformas, las asociaciones convocantes llevarán a cabo una evaluación conjunta de la situación».
Indican que «esta revisión tendrá en cuenta el respaldo recibido, y se actuará de forma coordinada para decidir sobre la continuidad o ampliación de las medidas, y la mejor fecha para implementarlas».
«La defensa de una Justicia independiente, profesional y sometida sólo a la ley es una causa que nos interpela a todos. Agradecemos vuestra unidad, compromiso y participación activa en este momento crucial para nuestras carreras y para el futuro del Estado de Derecho», concluyen el comunicado a ambas carreras.
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