Un total de 135 jueces de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, entre ellos Aaron Andueza Jiménez, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Melilla con Violencia de Género, han advertido de que la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, va a provocar un «colapso total» de sus juzgados, al tener que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima. «El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas», han avisado en un comunicado publicado este lunes.
El documento, rubricado por el responsable de juzgado de violencia de género de Melilla Aaron Andueza Jiménez, critica la reciente ampliación de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en España, establecida por la Ley Orgánica 1/2025.
Entre los reproches que subrayan, está la asignación a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la instrucción de delitos como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso con connotación sexual. Los jueces firmantes han indicado que esto se aplica incluso cuando no existe un vínculo afectivo entre la víctima y el agresor, lo que podría complicar aún más la labor de estos juzgados.
Además, han destacado que esta ampliación de competencias se realiza sin un aumento de los recursos materiales y personales necesarios. Ha advertido que esto sobrecargará a unos juzgados que ya operan con altos niveles de saturación, lo que podría llevar a un colapso del sistema judicial en estos casos.
La reforma entrará en vigor en octubre de 2025, antes de que las nuevas Secciones de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer estén plenamente operativas. Los jueces suscriben que esta situación podría agravar aún más los problemas existentes en la atención a las víctimas.
Infraestructuras inadecuadas y atención a las víctimas
Los responsables de juzgados de violencia de género han señalado que muchos juzgados carecen de las infraestructuras adecuadas. Han mencionado la falta de equipos forenses de valoración, sistemas de grabación adecuados, asistencia letrada presencial y salas especializadas para la toma de declaraciones de víctimas vulnerables.
Han expresado su preocupación por los efectos negativos que esta sobrecarga de trabajo puede tener en la atención a las víctimas. Han afirmado que esto podría generar espacios de desprotección y dificultar la instrucción adecuada de los casos.
Riesgo de retroceso en la lucha contra la violencia de género
Los responsables de juzgados de violencia de género firmantes han advertido que la saturación judicial podría llevar a rechazar peticiones importantes, lo que pondría en peligro la protección de las víctimas.
La nota concluye alertando sobre el peligro de esta reforma si no se acompaña de los recursos necesarios.
Los 135 jueces de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, entre los que se encuentra Aaron Andueza Jiménez de Melilla, han insistido en que la ciudadanía debe conocer el impacto que tendrá esta reforma en la lucha contra la violencia de género, subrayando la importancia de abordar estos problemas de manera efectiva.
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