La Guardia Civil ha localizado en Melilla un contenedor con mercancía falsificada en el puerto. Según ha explicado la Comandancia, la mercancía llegó al puerto de Melilla procedente de China, tratándose de zapatillas que presentan logotipo y diseño de una marca muy reconocida. Tras la constatación de la falsedad de las zapatillas por representantes oficiales de las marcas, la importadora ha sido puesta a disposición judicial. El portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha explicado que el servicio se realizó el pasado día 26 de agosto del año en curso, al efectuarse una inspección fiscal sobre mercancías transportadas en un contenedor procedente del continente asiático y que arribó al puerto de esta ciudad autónoma.
Así, ha detallado que dicha actuación se efectuó como consecuencia de la investigación de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI) de la Guardia Civil de Melilla. Tras el análisis de los riesgos previos, determinaron la apertura del contenedor y el reconocimiento físico de la mercancía declarada.
Una vez realizada la apertura del contenedor y la inspección física de la mercancía, los agentes detectaron treinta bultos que contenían más de 1.080 pares de zapatillas deportivas, con el logotipo de una reconocida marca comercial, susceptibles de ser falsificadas.
Según el portavoz policial, los agentes concluyeron la intervención cautelar para determinar las posibles vulneraciones de los derechos de la propiedad industrial.
De las gestiones realizadas con los representantes legales de las marcas en España y las pruebas periciales realizadas, han constatado finalmente la supuesta falsedad del producto intervenido.
La Guardia Civil ha indicado que sospecha que el destino final de la mercancía falsificada intervenida presumiblemente hubiese sido la venta en diversos establecimientos de la ciudad, así como su posible salida para la venta en Marruecos.
La importadora de la mercancía, una mujer de nacionalidad China, ha pasado a disposición judicial investigada como supuesta autora de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida depositada a disposición de la Autoridad Judicial que entiende del caso.
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