La Plataforma sale al paso de las declaraciones vertidas por un partido político que alegaba que el procedimiento de Concurso de Méritos altera los requisitos mínimos de igualdad, mérito y capacidad.
La Plataforma de Interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla ha recordado que los procedimientos de Concurso Oposición y Concurso de Méritos que establece la Ley 20/2021, de 28 de Diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, “son libres” y “cumplen con los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Al respecto, señalan que estas declaraciones demuestran “falta de conocimiento, empatía y consideración por 200 empleados públicos y sus familias, empleados que llevan décadas en abuso de la temporalidad, trabajadores a los que nadie les ha regalado nada, que entraron a la Administración superando una prueba selectiva y que llevan demostrando su mérito y capacidad durante 10, 20, 30 o hasta 40 años”.
Tanto la Ley Española actualmente vigente, la Ley 20/2021, de 28 de Diciembre, como la Legislación Europea mediante la directiva 1990/70 y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de Marzo 2020 avalan la regulación de los empleados públicos interinos de larga duración, fomentando su estabilidad.
Para la Plataforma de Interinos de la CAM, esta formación política “no toma en cuenta” que el procedimiento legal para dar estabilidad a los empleados públicos interinos de larga duración (los que llevan trabajando de forma interina en puestos estructurales antes del 1 de Enero de 2016), de acuerdo con la disposición sexta y octava de la Ley 20/2021 de 28 de Diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad de los Empleados Públicos, es el Concurso de Méritos libre y exige a esta formación política, que rectifique ante esta declaración “irreflexiva y desafortunada” que va en contra de la legislación vigente y que vulnera un pilar fundamental, como es velar por la estabilidad en los puestos de trabajo, cuando se produce un abuso de la temporalidad en el empleo público.
Recuerda, además, que este problema de abuso de la temporalidad en el empleo público afecta a un colectivo promedio mayor de 50 años, en su mayoría mujeres, que en su día superaron los correspondientes procesos selectivos y que llevan décadas ejerciendo su trabajo con empeño y dedicación. “Antes de hacer una declaración pública, hay que informarse y velar por el bienestar general”, suscriben.
