El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha indemnizado al pago de 39.000 euros a una paciente vecina de Melilla como consecuencia de haberle retrasado durante más de 12 meses una intervención quirúrgica, según la información que facilita Aguirre Abogados, el bufete que ha actuado como defensa de la víctima. El retraso en la aplicación de tratamiento médico desencadenó la pérdida del órgano, según la sentencia. Aguirre Abogados detalla que la paciente, de 34 años de edad en el momento del inicio del preceso, comenzó a sentir desde el año 2012 una sintomatología consistente en dolores en la región lumbar derecha, fiebre y síndrome miccional, motivo por el que acudió en varias ocasiones al Centro de Salud Zona Este de Melilla "sin que se le arrojase un diagnostico certero".
Explica que cómo los dolores no cesaban, el 9 de Febrero de 2015 la paciente acudió al servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Melilla, donde se le realizó una ecografía del aparato urinario y se le detectó "un quiste de 2,2 cm en el polo inferior del riñón derecho, por lo que fue remitida de manera urgente al Hospital regional Universitario de Málaga con la finalidad de que sea intervenida quirúrgicamente".
Consecuencias
La paciente fue puesta en lista de espera para la intervención quirúrgica, y "tras haber estado más de 1 año esperando la misma, finalmente fue intervenida el 20 de julio de 2016 motivo por lo que conllevó directamente a extirparle completamente el riñón derecho". Es decir, "el retraso en del tratamiento médico de más de un año, ocasionó que la paciente haya perdido un riñón".
Aguirre Abogados, presentó una Reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) debido a la "pérdida de oportunidad en el tratamiento médico que hubiera podido salvar el riñón de la paciente". El 33 de mayo de 2018 INGESA ha indemnizado a la paciente con 39.000 euros y en la que se estima la pretensión de la paciente al entender que "existió relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la pérdida del riñón, ya que la atención sanitaria prestada no se adecuó a la lex Artis ad hoc".
"La conducta diligente por parte de la administración sanitaria hubiera evitado los daños (pérdida de riñón) que sufre la paciente", añade la defensa, llevada a cabo por Aguirre Abogados, especialistas en negligencias médica.
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