Infraestructuras envía a la Fiscalía un posible delito urbanístico por hacer una rotonda en zona verde en 2012

La Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte ha remitido a la fiscal jefe de la Fiscalía de Melilla un oficio por la existencia de actuaciones que, a su juicio, podrían ser constitutivas de un delito urbanístico por construir una rotonda en una zona verde en 2012, durante el anterior Gobierno del PP.

En rueda de prensa, el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, informó de que la construcción de este vial hace 8 años es “una actuación discordante” con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde 1995, y a su juicio es “otra forma de corrupción”.
El consejero entiende que “esto tiene un claro recorrido judicial, con su correspondiente responsabilidad penal y política”, ya que se trata de “hechos demostrables con los documentos remitidos a la Fiscalía General”.
Según explicó, el vial construido atravesando una zona verde es una rotonda que da acceso al campo de golf en las urbanizaciones de La Quinta, Mayorazgo e Iberpuerto, una zona que ha aumentado su población en los últimos años, aunque dicha actuación afecta, sobre todo, a los propietarios de los terrenos colindantes, “ya que ellos perderán afección propia”.
“Entendemos que generar un vial público atravesando una zona verde, no sabemos con qué fin, es saltarse la legislación vigente, algo que hay que denunciar y ver cuál es el trasfondo de un vial público por esa zona”, dijo.
Asimismo, señaló que la actuación corresponde a una propuesta de modificación que se hizo en aquellos años en la revisión del PGOU, aunque recordó que la revisión que se llevó a cabo en aquellos años solo se aprobó de manera inicial y no llegó a hacerlo de forma definitiva.
Por ello, supuso que “tendrán que dar explicaciones en los tribunales” porque dicha actuación no contaba con informe urbanístico que la avalara, e indicó que tampoco pasó por ninguna comisión ni por el Pleno de la Asamblea.
Aunque en el nuevo PGOU esta situación podría corregirse, la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte ha advertido a la Fiscalía de que se ha producido “una desestructuración y pérdida de espacios libres establecidos en el PGOU vigente y una generación de parcelación discordante” con dicho plan.
“Esta actuación ha provocado daños en los propietarios de las fincas colindantes, generando un conflicto con pérdida de precio en fachada, pérdida de accesibilidad de parcela y capacidad de parcelación y, por consiguiente, de valor”, indicó el consejero.
Asimismo, agregó que también hubo una inversión pública en infraestructuras “no concordantes con el planeamiento, con afección a privados” y, por lo tanto, “con daño al erario público en su posible retractación” cuando se intente garantizar los derechos de los afectados y el cumplimiento del PGOU.
Bussian se preguntó “cuánto va a costar” esta actuación en tiempos del actual secretario general del PP, Miguel Marín, como consejero de Fomento, Juventud y Deportes, del que recordó que “hablaba de manera sarcástica que la Consejería de Deportes vendía humo”, si bien dejó claro que “esto no lo es”.
A su juicio, podría tratarse de “un hecho relativamente grave” que ha sido detectado en la revisión actual que se está llevando a cabo del PGOU, y que “se ha estado escondiendo o guardando en un cajón desde 2012”, de ahí que la consejería actual lo haya remitido a la Fiscalía por considerar que podría tratarse de “un posible delito urbanístico”, los cuales recordó que no prescriben.

Insinúa que podría haber más casos

El consejero insinuó que podría haber más casos de este tipo, algo que están revisando en la auditoría externa encargada, y avanzó que darán próximamente “más datos de algunas adjudicaciones directas que, si bien pueden ser o no irregulares, éticamente son inadmisibles por la relación directa de anteriores consejeros con su círculo más íntimo y cercano”.

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