El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, rechazó ayer la petición del PSOE para que cese como diputada de la Asamblea de Melilla a la exconsejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, que ha sido recientemente condenada como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa. La solicitud la formuló el PSOE durante el Pleno de Control al Gobierno que celebró ayer la Asamblea de Melilla, en el que la portavoz socialista, Gloria Rojas, puntualizó que no se trataba de “nada personal” contra Garbín, sino que sólo quieren que se cumpla la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). “Menos mal que no es nada personal por parte suya”, respondió irónicamente Imbroda, para quien “sobra el ejercicio de buenismo forzado” por parte de Rojas porque, como recordó, el abogado del PSOE es el que ha ejercido como acusación particular en el caso Abogados, por el que fue condenada Garbín.
“Todo sale de lo mismo”, aseveró Imbroda, que acusó a los servicios jurídicos socialistas de tener como única intención “hundir a Garbín”, “se ponga como se ponga” Rojas.
Informe jurídico
Asimismo, rebatió los argumentos socialistas para pedir el cese de la diputada popular al señalar que un informe de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma indican que la sentencia limita la condena de inhabilitación a Garbín al cargo de consejera de Bienestar Social o análogo.
Por último, pidió a la líder socialista que tenga la deferencia de esperar a que haya una sentencia firme, ya que la dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla por el caso Abogados ha sido recurrida y “hay mucho que hablar sobre este tema”.
Garbín fue condenada a 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de este cargo público al ser considerada como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa en la sentencia del denominado Caso Abogados, dictada hace poco menos de dos meses.
El auto también condenaba al resto de acusados como cooperadores necesarios o cómplices de un delito continuado de prevaricación administrativa, concretamente ocho funcionarios de la Consejería de Bienestar Social que desempeñaban altos cargos como directores generales o secretarios técnicos, así como cuatro abogados que fueron contratados por este departamento.
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