Parece ser que el juez Monterde -nombrado en 1996 para el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y desde el 2003 en el Tribunal Supremo, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y cercano al Opus Dei- ha encontrado verosímil la versión de Imbroda de que la contratación de un abogado externo a la CAM -que nos ha costado a los melillenses 400.000 € extras- fue un error administrativo y no un delito. Aún así, Monterde afirma que con su resolución no se concluye que "la actuación del aforado sea correcta desde el punto de vista administrativo o que se dé por buena una de las interpretaciones contractuales discutidas en el presente supuesto, sino que se entiende que su actuar no es delictivo".
No ha quedado muy convencida de esta interpretación del juez Monterde la Fiscalía del Tribunal Supremo que ha presentado recurso de reforma subsidiario de apelación contra el archivo.
No deja de ser entretenido y gracioso que la argumentación de Imbroda, como todos los que pillan con la firma cachonda, es que firmó sin saber -como la hermanita del Rey o la Pantoja- lo que le ponían delante. No sabemos si en este caso también fue por amor.
Visto lo visto y a la espera de los recursos, los demás imputados por el caso abogados harían bien en no brindar con champagne todavía no sea que se les haga agrio, pero para los y las melillenses -independientemente de lo que decidan los tribunales en materia penal- tendríamos que reflexionar en aquello que indican desde el PP de Melilla sobre estos casos: "Son errores administrativos". Y digo que debiéramos reflexionar si un grupo del ochenta por ciento de nuestros gobernantes que cometen continuamente errores administrativos es lo que queremos para el gobierno de Melilla. Algunos de ellos con varias y diversas imputaciones por "errores administrativos". O nos gustaría otro tipo de gestores que cometieran muchos menos errores y que cuando hicieran alguno, pidieran perdón, devolvieran nuestro dinero y dimitieran, como hacen en cualquier país democrático occidental. Digo yo.
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Imbroda, los errores administrativos y el juez Monterde
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