El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha insistido este viernes ante los periodistas que Melilla se convierta en comunidad autónoma para solventar las “muchas disfunciones” que padece la localidad norteafricana para que, de este modo, se desarrolle “como el resto de España” en materias de suma importancia como por ejemplo universidades, cuya última decisión depende del Gobierno de la Nación.
“No tenemos ni arte ni parte. No podemos decidir nada en temas universitarios”, ha lamentado, señalando que la única vía posible es el “afán” del Gobierno local que él preside para alcanzar un convenio de colaboración con la Universidad de Granada (UGR) para fomentar las titulaciones y los grados. “Pero no tenemos más competencias y responsabilidades”, lamenta sin salir de su asombro, dejando claro que “hay que ajustarlo e ir a por ello”.
“Aquí no valen medias tintas. Hay que conseguir ser comunidad autónoma y esto es lo que hay”, sostiene, aseverando que el actual sistema “híbrido” de Melilla “entorpece” el desarrollo de la ciudad.
No obstante, la primera autoridad melillense ha reconocido que, “si el Gobierno nacional no quiere, no se mueve ni una coma” del Estatuto de Autonomía. Primero, porque tiene mayoría en el Congreso y tienen que llevarlo a efecto.
En este sentido, lamenta que no ha habido avance alguno por parte de Moncloa en esta cuestión.
“Tenemos una Dirección General de Desarrollo Autonómico con un técnico con bastante solvencia en la Ciudad Autónoma que está trabajando en eso y en la región ultraperiférica para preparar el cuerpo y mandárselo al Partido Popular del Parlamento Europeo.
La reforma del Estatuto de Autonomía se puede hacer mediante tres vías: con una proposición de ley promovida por las Cortes Generales, por iniciativa del Gobierno de España o por la Ciudad Autónoma a través del propio Estatuto de Autonomía, que, en su artículo 41.2, reza que, “la iniciativa de reforma aprobada por la Asamblea requerirá la mayoría de dos tercios de la misma”, lo que, según Imbroda, equivale a 18 de los 25 diputados. Una vez que esto se consigue, se manda el proyecto a Madrid para que lo refrenden las Cortes Generales, y se nombrarían tres delegados de la Asamblea para que defendieran en las Cortes el texto resultante.
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