El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y regional del PP, Juan José Imbroda, ha acudido este fin de semana a Córdoba junto con otros dirigentes territoriales del PP, a saber Andalucía, Ceuta, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Aragón, Cantabria, La Rioja, Murcia, las Islas Canarias y las Islas Baleares, así como con el líder nacional del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, para impulsar varios acuerdos “para tratar de recuperar desde las autonomías la igualdad que el Gobierno está socavando desde el Gobierno”.
En total, el número de acuerdos suscritos, aunados bajo la ‘Declaración de Córdoba’ al rubricarse en dicha ciudad andaluza, consta de 21, que son los siguientes.
Establecer una serie de líneas de colaboración con el objetivo de que los ciudadanos disfruten de “una España mejor y más cohesionada”, gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años en las comunidades gobernadas por el PP, avanzar en currículos “comunes, claros y científicos”, una Selectividad común en toda España, limitar el uso del móvil en los centros educativos, “marco común” de calendario de vacunas y de pruebas de prevención de cáncer, “protección de los recién nacidos impulsando progresivamente un programa de prevención homogéneo”, Plan de Juventud común, medidas para facilitar la labor emprendedora, normas de “simplificación administrativa”, ayudas a los autónomos o bajada de impuestos.
Entre las “cuestiones de Estado” que consideran urgente resolver destaca “un plan de choque” para Atención Primaria, “garantías de futuro” para agricultores, ganaderos y marineros, fraguar un Pacto Nacional por el Agua, una financiación autonómica “justa y sin privilegios”, una “cogobernanza efectiva” de los fondos europeos Next Generation.
Por último, reclaman “la urgencia” de que el Gobierno de España refuerce el control fronterizo contra la “inmigración ilegal”, especialmente en aquellos territorios que “más acusan este problema”, como son Melilla, Ceuta y las Islas Canarias, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con más medios y con una “coordinación necesaria” entre autonomías.
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