El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha lamentado la “sorpresa desagradable” con la que se ha levantado Melilla este martes, con la denominada ‘Operación Santiago-Rusadir’ que la Policía Nacional ha llevado a cabo durante el día y que se ha saldado, por el momento, con seis detenidos y siete entradas y registros en la ciudad autónoma y en Granada que afecta al partido político Coalición por Melilla (CPM), según han informado fuentes policiales. Las identidades de cuatro de los detenidos son la exconsejera de Hacienda, Dunia Almansouri; el exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussian; el exconsejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar; y la expresidenta de EMVISMESA y exviceconsejera de Línea Verde, Yonaida Sel-lam.
Todos ellos, diputados y exdiputados de CPM, han sido detenidos y puestos a disposición judicial por, supuestamente, pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según informan fuentes policiales.
El quinto detenido es el presidente de CPM, Mustafa Aberchán, y falta por conocer la identidad del sexto.
Para el presidente melillense se tratan de unos hechos “muy graves” los que se están investigando en la operación policial, puesto que “la magnitud” de los presuntos delitos que se están investigando tienen “un peso notable”. “Es muy preocupante esto”, advierte, confiando en el buen hacer de la justicia para que esclarezca los hechos y dictamine si existen “hechos punitivos para castigar o no”.
Imbroda recuerda que la investigación abierta está bajo secreto de sumario desde hace meses, pero desconocían “el alcance” que podía tener.
Como primera autoridad local, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y de “estabilidad total” del Gobierno de la Ciudad que él preside. Asimismo, ha mostrado la disposición del Ejecutivo local para colaborar con la Justicia “en todo aquello que fuese necesario para esclarecer los hechos”. “Esto no nos va a apartar de nuestro camino, que es el de hacer una ciudad mejor, más justa, con un bienestar para los ciudadanos y que cada día sea más española. Y en eso estamos”, subrayó.
A preguntas de los periodistas, el popular afirma que el Gobierno local valorará personarse como acusación particular en la trama una vez que se levante el secreto de sumario si ven que se ha hecho “un daño causado” a la Ciudad Autónoma. No obstante, se ha mostrado cauto en este aspecto hasta se levante dicho sumario.
Imbroda ha aseverado que, durante los cuatro años que el PP ha estado en la oposición durante el Gobierno CPM-PSOE-Eduardo de Castro, han “marcado un camino” en el que han denunciado “muchos hechos” que consideraban “graves”.
En este sentido, ha pedido explicaciones al PSOE por las detenciones que han afectado al que fue su socio de gobierno entre 2019 y 2023 en el Gobierno de Melilla y lo considera “colaboradores necesarios” al no haber controlado las presuntas irregularidades cometidas por CPM. “Aquí ha habido cooperadores necesarios, no digo para delinquir, sino para que la máquina hubiese seguido trabajando estos cuatro años”, asegura.
Para Imbroda, “en el frontispicio de la culpabilidad de haber dejado que ocurriera esto yo pongo al Partido Socialista y al que estaba de presidente de la Ciudad. No digo -ha precisado- que ellos sean responsables ni culpables de lo que han hecho (los de CPM), yo lo que digo es que ha sido cooperadores necesarios, voluntaria o involuntariamente, de la situación que tenemos”.
“Ellos (en referencia al PSOE y al ex presidente Eduardo de Castro) tienen que dar, por lo menos explicaciones y por de pronto, asumir responsabilidades políticas”.
En este sentido, ha admitido que ve «sospechoso» el anuncio de marcha de Gloria Rojas de la Secretaría General del PSOE de Melilla dos semanas antes de esta operación policial. “Da que pensar, pero responsabilidad políticas las tiene todas”, sostiene.
Y es que, según él, el PSOE local tenía “bastantes datos” de lo que estaba sucediendo en el Gobierno de coalición. “Yo diría que todos. Otra cosa es que no hayan querido o hayan entendido que no era nada extraordinario, pero ellos sí lo sabían”, asegura, dejando claro que los partidos estatales, como el PP o el PSOE, tienen “la obligación” de informar” a la dirección nacional del partido sobre estos casos. “Yo habría informado”, dice.
Preguntado por el futuro de CPM tras los hechos que se le vinculan en la operación policial, Imbroda cree que, independientemente de dicha investigación, existen “hechos suficientes para que estos señores cierren la puerta, plieguen y se marchen”.
Cree que la labor de CPM al principio de su fundación, allá por 1995, fue “buena” y sirvió de “aldabonazo” a la ciudadanía y al resto de partidos políticos, pero empezó a “decaer en una pendiente peligrosísima” desde el año 2006-2007 “sin parar cuesta abajo”.
“Ya no tiene ningún sentido social, y encima ha tenido estos problemas”, resuelve.
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