Imbroda atribuye el problema de los MENA a que Marruecos no quiere reintegrarlos

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, denunció ayer que el acuerdo de reintegración de menores que España tiene firmado con Marruecos no se está aplicando porque ese país “no quiere”, aunque el Gobierno de Rajoy “está empujando para que lo haga”. De esta manera, el mandatario local atribuyó a la actitud del país vecino el problema actual de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que sufre Melilla. Imbroda, durante su intervención en el pleno de Control celebrado ayer, dijo que Marruecos tiene que empezar a aplicar dicho acuerdo, ya que se trata de menores de edad de ese país que entran de manera clandestina a Melilla con la única intención de colarse en el barco para llegar a Europa como polizones.

En este sentido, recordó que la reintegración familiar es el primer fundamento de la Ley de Protección del Menor, basada en que estos jóvenes, que deben ser tutelados por la Administración Pública por ser extranjeros y llegar a España sin acompañamiento de sus familiares, no abandonen su entorno familiar. “Eso es lo que tiene que primar sobre todo, y por eso España firmó con Marruecos un tratado de reintegro de los menores a su entorno familiar”, pero el problema es que no se ha aplicado “porque no ha querido Marruecos”, circunstancia que “se escapa de las manos” a la Consejería de Bienestar Social, competente en materia de menores desde 1997.

Pese a todo, aseguró que el Gobierno español “está empujando para que lo haga”, ya que considera que es obligación de Marruecos aplicar este acuerdo de reintegración familiar al tratarse de menores de edad, algunos de los cuales se niegan a ser tutelados por la Consejería de Bienestar Social, que no puede hacer nada para evitar que se escapen.

En este sentido, Imbroda lamentó que la Ley de Protección al Menor elaborada por el Parlamento de España en 2000 es muy proteccionista y por eso la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, está trabajando con el Gobierno central para modificarla incorporando un régimen disciplinario que permita solucionar el problema actual.

Actualmente, con la ley en vigor, los centros de protección solo pueden aplicar un régimen que les permite salir mientras no alteren el funcionamiento del centro, ya que impedírselo sería considerado como un delito de detención ilegal, razón por la que algunos de los jóvenes se marchan para malvivir en las inmediaciones del puerto para intentar acceder al barco a escondidas.

Esto obliga a la Guardia Civil a llevar a cabo una serie de redadas, en las que se ha podido comprobar que el 72,41 por ciento de los inmigrantes magrebíes interceptados en las inmediaciones del puerto son mayores de edad y, por lo tanto, se les ha iniciado un expediente de expulsión a su país.

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