El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha acusado al Gobierno de España de estar alentando “un efecto llamada fenomenal” con el Real Decreto que aprobó a finales de julio de 2025 para el reparto de aproximadamente 3.000 menores migrantes no acompañados, derivándolos desde zonas como Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas.
“Esto va a ser peor que antes”, ha alertado, criticando “la tramoya” y la “el espectáculo” para el traslado de los primeros tres menores migrantes desde Melilla hacia la península, y ha exigido de nuevo al Ejecutivo central que pague los 120 millones que dice que se le debe por atender y acoger a estos menores.
Asimismo, la primera autoridad melillense considera “injusto” y “arbitrario” este reparto porque busca “pagarles los servicios a los separatistas catalanes y vascos”. Aún así, reconoce que Melilla está obligada a acatar el Real Decreto en vigor. “Tenemos que cumplir la ley”, señala el dirigente popular, que incide en que su formación no comparte “ni el fondo ni la forma” con la que se ha gestionado este asunto.
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