Imbroda acusa a CPM de utilizar el caso Valenzuela como arma política y niega cualquier irregularidad en la venta de los terrenos

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder regional del Partido Popular, Juan José Imbroda, ha rechazado de forma contundente cualquier actuación irregular relacionada con la venta y posterior desarrollo de los terrenos del antiguo cuartel de Valenzuela y ha acusado a Coalición por Melilla (CPM) de utilizar este asunto como instrumento de confrontación política durante años.

“Todo es puro, limpio y diáfano. No hay nada de nada de nada”, afirmó el dirigente popular durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la que defendió la legalidad y transparencia de todas las actuaciones desarrolladas por la Administración local en relación con estos terrenos.

Las declaraciones de Imbroda se producen después de que diversas informaciones periodísticas recogieran el contenido de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se apuntaría a posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y otras supuestas irregularidades vinculadas al desarrollo del parque comercial construido en la zona y abierto al público a finales de 2017.

“Una investigación muy limitada”

El presidente melillense cuestionó la solidez de las conclusiones recogidas en dicho informe y aseguró que las sospechas se sustentan en un documento carente de rigor.

Según explicó, el origen de las acusaciones radica en un croquis manuscrito localizado durante un registro domiciliario practicado en el marco de la operación Santiago-Rusadir, una causa judicial relacionada con una presunta trama de compra de votos en las últimas elecciones autonómicas y que afecta a varios antiguos dirigentes de Coalición por Melilla.

Imbroda calificó al autor de ese documento como un “presunto delincuente” y anunció que los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma ya están preparando una denuncia contra él.

Además, mostró su sorpresa porque el propio informe policial reconoce que la investigación realizada es “muy limitada” y, pese a ello, extrae conclusiones sin haber consultado, según aseguró, la documentación administrativa existente.

“Ni han preguntado ni han ido a ver los expedientes”, criticó.

Cuestiona las cifras y los datos del informe

El jefe del Ejecutivo melillense también puso en duda varios de los datos contenidos en la investigación. En concreto, rechazó la referencia a un supuesto impago del IPSI cifrado en nueve millones de euros.

“No sé de dónde han sacado esa cifra”, afirmó, recordando que la cantidad reclamada por los técnicos municipales en el procedimiento judicial correspondiente asciende a unos 202.000 euros.

Asimismo, señaló que el informe menciona a tres directores generales implicados en las actuaciones investigadas, uno de los cuales, identificado como A.V., “ni existe ni trabajaba en la Ciudad Autónoma”.

“Este es el rigor”, manifestó.

Cronología de una operación iniciada en 1994

Con el objetivo de desmontar las acusaciones, Imbroda ofreció una cronología detallada de la gestión de los terrenos de Valenzuela.

Según recordó, la Ciudad Autónoma adquirió la parcela al Ministerio de Defensa en 1994. Posteriormente, en 1997, el Gobierno local decidió sacar los terrenos a subasta pública para favorecer su desarrollo por parte de la iniciativa privada. Las dos primeras convocatorias quedaron desiertas al no presentarse ninguna empresa.

Finalmente, en 1998, los terrenos fueron adjudicados mediante subasta pública a la empresa local Nueva Melilla, única sociedad que concurrió al procedimiento.

El presidente insistió en que todo el proceso se realizó mediante “un procedimiento público, limpio y transparente” y recalcó que en aquella época ni existía Parque Murias ni había relación alguna con la empresa que años más tarde desarrollaría el parque comercial.

Según explicó, fue la empresa Nueva Melilla la que vendió la parcela en 2017 a la promotora del actual Parque Comercial Murias.

“Nunca licitamos nada”

Imbroda negó igualmente que la Ciudad Autónoma participara en alguna licitación vinculada al proyecto comercial posterior.

“¿Qué licitación y qué proyecto? Nosotros no licitamos nada allí”, afirmó, subrayando que, una vez vendidos los terrenos, estos pasaron a ser de titularidad privada y cualquier actuación posterior correspondió a sus propietarios.

Además, recordó que la Administración local obtuvo judicialmente el reconocimiento de un pago por aprovechamiento urbanístico del suelo y consideró incorrecto atribuir responsabilidades al Gobierno autonómico por decisiones adoptadas posteriormente por empresas privadas.

Acusaciones de manipulación política

Durante su comparecencia, el presidente melillense sostuvo que Coalición por Melilla ha recurrido reiteradamente al caso Valenzuela para desgastar políticamente a su Gobierno.

Asimismo, lamentó el “perjuicio mediático” ocasionado por las informaciones difundidas en los últimos días y defendió que la documentación pública existente acredita que la Ciudad Autónoma no intervino en ninguna licitación relacionada con el proyecto comercial ni incurrió en irregularidades durante la venta de los terrenos.

Imbroda llegó a calificar de “basura” algunas de las publicaciones aparecidas esta semana sobre este asunto y atribuyó su origen a lo que describió como una “trampa” construida a partir de un simple croquis manuscrito hallado en el domicilio de una persona investigada judicialmente.

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