A principios de 2012, una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Rajoy fue conceder 25.000 millones de euros en créditos ICO a las corporaciones e instituciones públicas para que pudieran pagar a sus proveedores. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, aplaudió esa medida porque evitaría la destrucción de empleo en pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Imbroda consideró que la medida era “muy buena” e importante, ya que había empresas en España que llevaban años sin cobrar, lo que suponía “un riesgo de destrucción de empleo” en uno de los principales sectores productivos del país. Según dijo, medidas como esa eran necesarias para dinamizar la economía y mantener el mercado laboral.
Melilla no recurrió a ese crédito ICO que destinó el Gobierno de Mariano Rajoy para instituciones públicas porque según Imbroda, las cuentas de la Ciudad Autónoma estaban “saneadas”.
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