Illa impone el catalán a los Mossos como “lengua habitual de trabajo”

Impulso Ciudadano presentará un recurso contra el Decreto 269/2025, que prioriza el catalán en la Policía de Cataluña, argumentando que vulnera la cooficialidad del castellano y los derechos lingüísticos de los agentes.

 

La entidad Impulso Ciudadano presentará un recurso contra el texto legal por vulnerar la cooficialidad del castellano. Illa da un paso más en su intento de erradicar el castellano/español en Cataluña. Mete también (muchos creen que para desviar la atención) en el saco al aranés, lengua que se habla en el valle de Arán. Poco parecer importar a Illa y sus socios el que se vulneren los derechos de los agentes.

El Gobierno de la Generalidad, que preside Salvador Illa, ha aprobado recientemente, en un paso más para aislar y evitar el uso del castellano en una Comunidad española, un Decreto, el 269/2025, que regula “la imagen institucional, los uniformes, las acreditaciones y las distinciones de la Policía de Cataluña”. En el Decreto se establece que “la lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía de los miembros de la PG-ME es el catalán, sin perjuicio del derecho de las personas a ser atendidas en castellano”. Es, en la práctica, una marginación absoluta del principal idioma oficial de España, por mucha coletilla de “sin perjuicios del derecho…” que se añada.

El enfado de los muchos no independentistas de Cataluña es evidente y la entidad Impulso Ciudadano ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el texto legal.

El artículo 37 del Decreto 269/2025 es el que distingue el catalán como “lengua propia y habitual de trabajo” entre los agentes de los Mossos d’Esquadra. Desde Impulso Ciudadano consideran dicho artículo muy grave porque “desborda claramente su objeto, al utilizar una norma sobre imagen institucional para imponer una regulación lingüística de carácter estructural”. Afirman también desde IC que lo hace en abierta contradicción con el régimen constitucional de cooficialidad lingüística establecido en el artículo 3 de la Constitución.

“Vulnera derechos lingüísticos”

En IC lo tienen claro: “El artículo 37 del Decreto configura el catalán como lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía, una fórmula que no solo desconoce la oficialidad del castellano en el ámbito de la administración, sino que además vulnera los derechos lingüísticos de los propios policías, que tienen derecho constitucional a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus comunicaciones internas y en el ejercicio de sus funciones”.

Impulso Ciudadano subraya que no se trata de una cuestión menor ni meramente organizativa, sino que es una decisión con claros efectos jurídicos, profesionales y disciplinarios para los miembros del cuerpo policial, que introduce una preferencia lingüística incompatible con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Cabe recordar que la Justicia catalana ya ha anulado regulaciones que también obligaban a utilizar el catalán como lengua única de la Administración. Es el caso de los protocolos lingüísticos de la Generalitat y del sector público o del Reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona. El TSJC ya ha considerado contrario a derecho el imponer una lengua oficial como lengua de uso obligatorio, relegando el castellano a una posición subordinada y condicionada al ejercicio de un derecho de petición por parte de los ciudadanos, pero a Illa y sus socios independentistas no parece importarles lo que diga el TSJC.

Catalán y aranés

El artículo 37 del Decreto se refiere (se supone que para hacernos creer que es algo habitual que afecta también a otras lenguas o dialectos) también el aranés en la comarca del Valle de Arán para que se disponga de los medios necesarios para ser lengua de trabajo y de atención ciudadana.

Impulso Ciudadano y muchos españoles de Cataluña y el resto de España lamentan que el Gobierno de Salvador Illa continúe con la misma “política lingüística” que los anteriores ejecutivos autonómicos de ERC y Junts. Alertan sobre que se quiera imponer este tipo de regulación en el cuerpo policial y añaden que: “La neutralidad institucional y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales deberían ser incuestionables”.

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