Hacienda, para alivio de pymes y autónomos, retrasa un año la implantación de Verifactu

El Gobierno pospone la obligatoriedad del nuevo sistema de facturación Verifactu hasta 2027 para pymes y autónomos, tras las quejas de diversos sectores sobre su complejidad y falta de preparación. El retraso responde a presiones políticas y a la necesidad de adaptación tecnológica.

La obligatoriedad se pospone y, para pymes, arrancará el 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos tendrán de margen hasta el 1 de julio de ese mismo año. Muchos se quejan de los vaivenes del ejecutivo y de que el retraso sea una medida política para contentar a Junts, cuando se debería haber acordado el retraso (o la decisión de no implementar un sistema lioso y poco claro, que se ve como una nueva piedra en el zapato de pymes y autónomos, que se quejan de que es una medida más de control por parte del gobierno) por razones objetivas: no funciona bien, da muchos fallos y provocaba muchas dudas e incertidumbres.

El Gobierno retrasa la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y al 1 de julio de ese mismo año para los autónomos, después de las constantes quejas de múltiples asociaciones y patronales.

¿Debemos dar las gracias a Junts?

Pedro Sánchez anunció, en varias entrevistas el pasado martes 2 de diciembre, que el Real Decreto-Ley que iba a aprobar el Consejo de ministros para cumplir varios compromisos pendientes con Junts, incluiría una ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, que debía entrar en vigor en apenas un mes.

Desde Hacienda confirman que la obligación se retrasa un año, hasta el 1 de enero de 2027 en el caso de los declarantes del Impuesto de Sociedades y hasta el 1 de julio para el resto, fundamentalmente trabajadores autónomos.  Según el Ministerio, la ampliación se hace con el objetivo de dar la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”. En resumen: no estaban suficientemente bien preparados para iniciar el proceso el 1 de enero de 2026.

La nueva obligación suponía adaptar los softwares de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una “huella digital” para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

La normativa, según explican los expertos que diseñan el software, a lo que obliga es a que, por cada factura que se emita se genere un registro de facturación.

Las empresas cuentan con dos opciones: 1) Guardar la información en el sistema, para cuando lo pueda requerir la Agencia Tributaria; 2) Apostar por la modalidad Verifactu, sistema que, de forma automática, envía los registros a la Agencia Tributaria para que esta sea la responsable de tener ese registro.

El compromiso de retrasar esta obligación era una reclamación de Junts, pero también lo era de las patronales catalanes. Gracias a que el gobierno quiere que Junts vuelva a apoyarle en el Congreso, muchas pymes y autónomos, asustados ante los que se les venía encima el año que viene, respiran tranquilos (al menos un año más).

También había críticas y peticiones de aplazamiento desde otras entidades: El vicepresidente de CEOE y presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, exigió hace tiempo que se retrasase la implementación de Verifactu a 2027.  Declaró en X: “No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. ¡No más trabas!”

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