Hacienda acusa al PP de pagar 3 millones por encima de la licitación del contrato de menores: lo llevará a la Fiscalía

El Gobierno de Melilla acusó ayer al anterior Ejecutivo, en manos del PP, de haber pagado entre 2018 y 2019 más de 3 millones de euros por encima del precio de licitación del contrato de gestión del centro de acogida de menores de La Purísima, razón por la que anunció ayer que remitirá el expediente a la Fiscalía.
La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, afirmó en rueda de prensa que, en este caso, “se ha hecho una muy mala gestión del dinero público” y acusó directamente al PP, ya que “sabía que no podía mantener este contrato por la situación en la que estaba” el centro, saturado con más menores de su capacidad máxima.
Por ello, Almansouri defiende que el contrato se tendría que haber cancelado o no haberlo prorrogado, como finalmente se hizo por un periodo de dos años, dando lugar a ese pago de más de tres millones de euros por encima del precio de licitación.
Según la consejera, el interventor de la Ciudad Autónoma ha hecho reparos a las facturas de noviembre y diciembre a petición del Gobierno melillense, que ha pedido una auditoría sobre este contrato por considerar que las cifras “son escandalosas”.
“Aquí tendrá que explicar el PP cuáles son los intereses ocultos que tenían para mantener esa situación y explicar por qué en vez de sacar un nuevo contrato ajustando las cuantías a la realidad del centro, preferían pagar por encima del contrato con artimañas contables y tirando de otras partidas que no estaban en el presupuesto”, afirmó Almansouri.
Según la consejera, los anteriores responsables del Gobierno “querían mantener este contrato a toda costa sabiendo que estaba por encima del precio de licitación”, de modo que el PP “tendrá que explicar por qué velaba por los intereses económicos de una empresa privada en vez de por los de las arcas públicas”.
A su juicio, “puede haber responsabilidades importantes” por este expediente, que “es otro de los que acabará en el juzgado”, ya que se encuentra en fase de nombramiento de un instructor para llevar a cabo una revisión de oficio, y también se remitirá al Consejo de Estado para, a su retorno, enviarlo a la Fiscalía porque considera que hay “irregularidades muy graves”.
Almansouri opina que este caso “denota la falta de respeto que tiene, tenía y seguirá teniendo el PP con lo público”, además de una “lejanía del interés general”, pues afirma que esa formación está “más cercana de los intereses privados en lugar de beneficiar a los ciudadanos”.

Acceda a la versión completa del contenido