Se decía que el delegado del Gobierno, Manuel Céspedes, había dado marcha atrás en la orden de expulsión de refugiados trasladados a la Península, pero la inconsistencia de los argumentos no permitía tener la certeza de que realmente se hubiera encontrado una solución satisfactoria para los africanos. Los interlocutores sociales que habían denunciado la ilegalidad del procedimiento seguido para la notificación de la expulsión mostraron su incredulidad dado que se desconocían los argumentos legales que revocaban la expulsión. No existían explicaciones oficiales ni se había hecho público el contenido del documento.
Aprobados en pleno los presupuestos del año 93 que se cifraban en 8.440 millones de pesetas. Se decía que el delegado del Gobierno, Manuel Céspedes, había dado marcha atrás en la orden de expulsión de refugiados trasladados a la Península, pero la inconsistencia de los argumentos no permitía tener la certeza de que realmente se hubiera encontrado una solución satisfactoria para los africanos. Los interlocutores sociales que habían denunciado la ilegalidad del procedimiento seguido para la notificación de la expulsión mostraron su incredulidad dado que se desconocían los argumentos legales que revocaban la expulsión. No existían explicaciones oficiales ni se había hecho público el contenido del documento.
Aprobados en pleno los presupuestos del año 93 que se cifraban en 8.440 millones de pesetas.
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