Recuperar la imagen de limpieza que Melilla había perdido hacía años conseguía que el equipo de gobierno y la concesionaria del servicio, Itusa, limaran diferencias. Juntos elaboraban un plan sobre la base de la existencia de puntos negros en la ciudad, que quedarían bajo la competencia de las empresas Consulting y Carmelo Martínez, contratadas al efecto. En 2 meses se valoraría la eficacia de la operación en la que se invertirían 30 millones de pesetas.
El juzgado de Instrucción nº 1 de Melilla podía haber extraviado un arma de fuego incautada en una acción policial, según su dueño, Francisco Toledo, que llevaba dos años esperando el arma.
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