Los grupos políticos en el Ayuntamiento de la ciudad volvían a sacar el hacha de guerra como consecuencia de un asunto que afectaba a Emvismesa. La adjudicación a la empresa Dragados de la construcción de 26 viviendas en la calle de Castellón de la Plana, suscitaba duras críticas por parte del PSOE, que solicitaba la anulación de la contrata. El presidente de la sociedad, Enrique Remartínez (PNM), acusaba al PSOE de impedir el funcionamiento de la entidad.
Los parlamentarios socialistas anunciaban que el Gobierno invertiría cinco mil millones de pesetas en infraestructuras en Melilla.
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