La legalización de las denominadas “tarjetas amarillas” era bien considerada en el seno del PP melillense. El secretario general de la formación política, Jesús Pérez, señalaba que la posición del Ministerio de Trabajo, dando legalidad al documento venía a suponer un respaldo a las tesis que el partido había mantenido respecto a la “legalidad” de las tarjetas, circunstancia que había supuesto un perjuicio notable a sus beneficiarios. Los titulares de la tarjeta no podían residir ni trabajar en territorio peninsular.
Localizaban en Burgos a un menor melillense de 16 años fugado por sus malas notas.
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