La familia de un joven militar fallecido en 1989 en el Hospital Militar, acusaban al psiquiatra del centro hospitalario de presunta negligencia médica. La muerte le sobrevino como consecuencia de un medulogastioma maligno en la parte superior del lóbulo occipital. La acusación pedía seis meses de prisión y 15 millones de pesetas de indemnización y la fiscalía y la defensa pedían la absolución.
La UPM (Unión del Pueblo Melillense) denunciaba que Melilla no podía convertirse en el tapón de la inmigración centroafricana hacia Europa, por lo que apostaban por darles un trato digno en la ciudad mientras se agilizaban los trámites para trasladarlos a la península.
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