La Consejería de Obras Públicas, que dirigía Ernesto Rodríguez, informó a los partidos políticos de la Asamblea de Melilla, la nueva política de lucha contra las construcciones ilegales que iba a desarrollar la Ciudad a fin de evitar la proliferación ilegal de viviendas, que con especial incidencia se sucedía desde hacía años en la Cañada de Hidúm.
La Consejería tras la asunción de la competencia hasta ahora estatal sobre carreteras, como consecuencia del Estatuto de Autonomía, tenía previsto promover la legalización de aquellas viviendas construidas ilegalmente sobre suelo con servidumbres de algún tipo o propiedad reconocida a un particular distinto al constructor ilegal. También anunciaba el derribo de las casas construidas sin respetar los tres metros de espacio muerto.
