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Los grupos políticos en el Ayuntamiento volvían a sacar el hacha de guerra como consecuencia de un asunto que afectaba a Emvismesa. La adjudicación a Dragados de la construcción de 26 viviendas en Castellón de la Plana, suscitaba duras críticas por parte del PSOE, que solicitaba la anulación de la contrata. El presidente de la sociedad, Enrique Remartínez (PNM), acusaba al PSOE de buscar sólo impedir el funcionamiento de la sociedad.
La Sociedad V Centenario seguía sin gerente. Los grupos políticos no se ponían de acuerdo en el estudio de las candidaturas.
Los parlamentarios socialistas anunciaban que el Gobierno invertiría cinco mil millones de pesetas en infraestructuras en Melilla.
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