El alcalde de Melilla, Ignacio Velázquez, enviaba una carta al delegado del Gobierno, Manuel Céspedes, en la que le ofrecía la posibilidad de que el Ayuntamiento ofreciera un servicio a los jóvenes melillenses que tuvieran el reconocimiento de objetores de conciencia (no realizaban el servicio militar), con el objetivo de encauzar como servicio a la comunidad la prestación realizada por el objetor, de acuerdo con el convenio suscrito entre el ministro de Justicia y la Federación de Municipios y Provincias. La Guardia Civil rescataba los cadáveres de dos jóvenes que se hallaban flotando en la costa colindante con Melilla la Vieja. Estaban maniatados.
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