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Los españoles o residentes legales que hubiesen prestado su domicilio a extranjeros con vistas a facilitarles empadronamientos ficticios, responderían ante la Administración central, que establecía sanciones de 250.000 pesetas por cada uno de los acogidos en sus viviendas. La Delegación del Gobierno dejaba claro que no asistiría impasible al espectacular aumento de altas en el padrón y al "tufo" a fraude de ley que ello desprendía, por lo que anunciaba medidas de control inmediatas.
La comisión de Medio Ambiente facultaba al director general del área a visitar varias ciudades peninsulares con un número de habitantes similar a Melilla para conocer el sistema de limpieza pública que utilizaban, y así valorar qué cambios hacer en Melilla.
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