Los nombramientos de los nuevos consejeros de las sociedades públicas dependientes económicamente de la Ciudad Autónoma, así como el de presidente de la Autoridad Portuaria, habían provocado un nuevo enfrentamiento, si bien, estrictamente político y sin ribetes de enconamiento personal entre los grupos que componían el Gobierno de Aberchán y los partidos de la oposición. En medio de un galimatías legal que el Gobierno aún no había sido capaz de resolver, se adoptaron acuerdos para favorecer el acceso del GIL al control de Emvismesa, Inmusa y Promesa. Todos los grupos políticos salvo el PP, habían aprobado en Pleno crear una comisión para diseñar el futuro de las comunicaciones aéreas y marítimas con Melilla y construir una plataforma reivindicativa ante el Gobierno de Aznar.
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