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Unión, Progreso y Democracia (UPyD) criticó ayer el aforamiento del rey Juan Carlos I a través de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El coordinador local de la formación, Emilio Guerra, considera que aforado en España significa "impunidad y privilegios judiciales para unos pocos" y que en España demasiados, unos 10.000, cuentan con este “privilegio arcaico”. Recordó que su partido, presentó dos enmiendas en la Comisión de Justicia del Congreso por la diputada Irene Lozano, para quien el aforamiento es "un privilegio arcaico" que en España bate récords: mientras en Alemania no hay aforados o en Francia solo está el Gobierno, en nuestro hay 10.000 personas. UPy D es partidaria de limitar el número de aforados a los "estrictamente contemplados" en la CE, es decir, al presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores. Después, y a través de la reforma de la Carta Magna, estarían a favor de suprimir esta figura en todos los casos. UPyD criticó también la intención del Gobierno de revisar en otoño el aforamiento, "cuando podría hacerlo ahora que estamos debatiendo sobre la protección del Rey".
UPyD presentó una Proposición No de Ley para que se debatiese la reducción de las personas beneficiadas de esos privilegios -tan sólo tuvieron 19 votos a favor- algo realmente "anacrónico y fuera de lugar en un país democrático y en pleno siglo XXI", según Guerra. Para el líder magenta local, se trata de la ampliación y mantenimiento de una especie de "diez mil intocables políticos" a los que se les aparta de los jueces de instrucción para llevarlos -en caso de posibles delitos- ante la presencia de tribunales politizados. "Es una gran mentira eso de que los españoles somos iguales ante la ley, según se desprende del artículo 14 de la Constitución", apostilló.
UPyD considera que buena parte de la "desafección" por la política por parte de los ciudadanos se debe a que muchas personas han comprobado que existe una justicia de "doble velocidad: lenta y cara para ellos y rápida y cómoda para las élites". Todo un "incentivo a la corrupción, porque facilita la impunidad de los políticos que delinquen", valoró.
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