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Guelaya y Melilla ConBici han solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que tras dos años en los que se pidió la redacción a CERCOR por 32.450 euros es necesario iniciar el Plan de Acción con el fin de paliar la contaminación acústica que afecta a miles de personas. Guelaya y Melilla ConBici ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que se comience con las alegaciones y audiencias previas para la redacción del Plan de Acción y al periodo de información pública posterior, tras tres años en los que se solicitó el ‘Mapa Estratégico de ruidos’, por valor de 32.450,08 euros a la empresa CERCOR.
En una nota de prensa, ambas entidades sociales explicaron que el mapa de ruidos es “una herramienta de planificación urbanística” que además “llegaba tarde” dado que se estaba anunciando la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Melilla y del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
Sin embargo, tras dos años, ambas organizaciones critican que no esté ninguno de los dos planes a excepción del PMUS que “fue aprobado en Consejo de Gobierno el martes 21 de octubre del 2014 aunque no se ha publicado, que sepamos”
De esta forma, advierten que un mapa de ruidos “es un diagnóstico”, que se aprueba “no como algo que tenga valor en sí mismo, sino como punto de partida para la redacción de un Plan de Acción contra la contaminación acústica”.
Las organizaciones explican que dicho plan de acción fue voluntariamente pedido a CERCOR por la Ciudad, por ello “ahora, o se continua con el proceso, o se habrán perdido 32.450,08 euros de dinero público”.
Miles de personas afectadas
De la misma manera, Guelaya y Melilla ConBici advierten de que a día de hoy “están afectados de forma grave con más de 75 decibelios 132 viviendas y 443 personas”, toda vez que “el ruido es igual o superior a 65 decibelios, por encima de los valores límites legales, en 8.054 viviendas, en donde viven 26.555 personas, incluyendo 19 colegios (entendemos centros docentes en general), y 12.393 alumnos, más un centro de salud”.
La causa de esta contaminación acústica, indican las asociaciones es “el tráfico rodado, en un 97 por ciento, y las instalaciones industriales en el resto, como la incineradora, en menor medida porque afecta de forma directa a la población que vive en sus cercanías”.
Por otro lado, recuerdan que las ordenanzas de ruidos del 2010 aprobadas “no están actualizadas, y deben modificarse para cumplir con la normativa legal”, ya que “va a ser difícil conseguir poner una multa por exceso de ruido en la ciudad si se basa en una normativa obsoleta”.
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