En Guelaya la contaminación acústica es un viejo caballo de batalla que ya en 2011 provocaba una de sus denuncias públicas. Desde entonces, la Asociación ha trabajado para denunciar, dialogar y proponer soluciones que pasaban por cumplir la normativa ambiental sobre ruidos, que se cerraba en 2021, tras un largo paréntesis de 9 años en el que dos Gobiernos han participado.
En enero de 2021 Guelaya recibió la confirmación de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad sobre la aprobación de la zonificación acústica, Plan de acción y actualización de la normativa en Melilla, en respuesta al escrito de alegaciones presentado por los ecologistas ante los presupuestos de la Ciudad, publicado el 26 de febrero del mismo año, donde se incluía un mapa estratégico de ruido de la Ciudad, encargado a la empresa CECOR.
Para el grupo ecologista, la situación actual con respecto al ruido en Melilla es la siguiente:
Se mantiene la Ordenanza de protección del medio ambiente por ruidos y vibraciones (2001), que quedó obsoleta en 2003, fecha de publicación de la Ley de ruidos.
A este respecto, indican que nos encontramos con un diagnóstico actual sobre incumplimientos o superaciones de los niveles máximos de ruido permitidos. “En todas las zonas de evaluación seleccionadas, la adición de focos sonoros más significativos de cada estudio conlleva unos niveles de ruido globales por encima de los Objetivos de Calidad Acústica definidos para áreas urbanas existentes en la zonificación acústica particular que corresponda a cada caso”, aclarando que “si realizan ante la policía local una denuncia por los sopladores del parque Hernández, por ejemplo, la respuesta es que la policía local no tiene capacidad técnica para ese tipo de denuncia porque no tiene aparato de medición, y solo podría señalar si el ruido denunciado se aprecia como molesto, sin medir los decibelios que la fuente sonora emite”, y si denuncian ante la consejería de Medio Ambiente, pidiendo la realización de mediciones, la consejería “opta por el silencio y no contesta”.
“En definitiva, al igual que en otros problemas ambientales, presentar alegaciones, dialogar con el Consejero de Medio Ambiente, presentar denuncias públicas en los medios de comunicación o vía registro electrónico no funcionan con este Consejero, motivo por el cual creemos necesario una respuesta más contundente de la sociedad civil a la que estamos obligados una vez más por la irresponsabilidad del Consejero que no solo no aporta soluciones sino que desconoce los problemas que afectan a las personas de Melilla en el ámbito de sus competencias”, puntualizan.
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