Guelaya denuncia en el juzgado una “poda abusiva” de ficus en Melilla por “interferir en la reproducción de las aves”

La Asociación Ecologista Guelaya ha presentado este lunes una denuncia en el juzgado de guardia de Melilla solicitando la paralización de las podas "abusivas" de los ficus de la ciudad por "interferir en la reproducción de las aves y por incumplimiento del pliego de condiciones técnicas" firmado con la empresa concesionaria de este servicio.

Para esta organización, la Consejería de Medio Ambiente "no ha dejado otra opción a Guelaya que presentar la denuncia en el juzgado de guardia". Así, ha indicado que las denuncias públicas, la alarma social de muchas personas en redes sociales y en las calles e incluso los informes que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha dirigido "no ha servido de nada, a pesar de que los años pasan pero el problema continúa".

Guelaya ha señalado que nadie podía esperar que la propia Consejería contestara poniendo por delante el pliego de condiciones técnicas que ha firmado con la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento y limpieza de zonas verdes de la ciudad. Los ecologistas melillenses han apuntado que un contrato es el primer argumento que han recibido, "pero ni siquiera eso sustenta las podas abusivas y a destiempo que se están haciendo, ya que superan el 25 por ciento que el apartado de podas establece del pliego establece como máximo". Asimismo, han subrayado que las denuncias de los vecinos por los perjuicios que les ocasionan las ramas "tampoco sirven de argumento cuando los alineamientos de los ficus están en aceras que no tienen ningún edificio al lado".

Pero el argumento principal para los ecologistas son los presuntos delitos contra la biodiversidad, en concreto de las aves, que están protegidas por la directiva de aves y la correspondiente ley española de patrimonio natural, por maltrato animal y, "en definitiva, por el Código Penal"."El tratamiento que se le está dando a los árboles de la ciudad está perjudicando al patrimonio natural, que es de todas las personas, incluyendo las aves que nidifican en el arbolado urbano y la propia conservación de nuestros ficus" han destacado desde Guelaya, para añadir que "se trata de defender intereses públicos, porque parece que lo que se está defendiendo no lo es".

La valoración que los ecologistas realizan de las declaraciones del consejero en funciones de Medio Ambiente, han añadido, “no puede ser más negativa”, pues les parece que se trata de señalar las posibles responsabilidades de los técnicos, “cuando el primer responsable de que en Melilla no exista ninguna norma local ni reglamento que proteja nuestro patrimonio natural, tras cuatro años de mandato, es él”.

Guelaya ha recordado que se lo demandó públicamente desde los 100 días de su gestión en 2015. Por ello, ha apuntado que la reglamentación de zonas verdes que se le “impone” a la empresa concesionaria en el Pliego de condiciones técnicas en el año 2018 es de 1989 y tiene la sanciones en pesetas. “Mantener una norma legal casi 30 años para proteger las zonas verdes de una ciudad en el siglo XXI es mantener en la prehistoria a una ciudad que está necesitada de muchas cosas, pero sobre todo, que no puede regirse por principios alcanforados del siglo pasado en materia de conservación de la naturaleza” han destacado desde Guelaya.

Por todo ello, han avanzado que “la persona que tenga que gestionar el Medio Ambiente de Melilla los próximos 4 años se va a encontrar una ciudad en donde la única reglamentación medioambiental que se ha aprobado en defensa del patrimonio natural ha sido el reglamento de Aves, que se redactó como imposición del ministerio ante una sentencia del Tribunal Europeo por incumplimiento de la directiva Aves, la misma que los ecologistas quieren hacer valer en las podas de árboles urbanos en Melilla”.

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