Guelaya y un grupo de particulares han decidido denunciar a la Consejería de Medio Ambiente que tendrá que medir con un sonómetro oficial y mediante los procedimientos técnicos que marca “la obsoleta, pero vigente ordenanza de ruidos si el uso de sopladores de hojas cumple con la norma, y si no la cumple, deben sancionarse a las empresas que utilizan esas máquinas ensordecedoras en los parques y en el viario público”.
“Si atendemos a las protecciones contra ruidos que los operarios utilizan cuando trabajan con los sopladores no es necesario acreditar que se trata de un ruido al menos molesto”, sostienen.
Además, exponen que si cumplen con la legislación de prevención laboral son “molestos para cualquier persona que quiera caminar tranquilamente por la calle o por los parques de la ciudad a 5 metros de ellos porque rebasan los 90 decibelios con cualquier sonómetro de móvil”.
Guelaya denuncia “el caos” que supone para la Ciudad que el encargo de zonificación acústica pagado en 2013 haya tenido que ser actualizada en 2017 y publicada en el BOME en 2018.
También, se queja de que la web de la Ciudad ofrezca como información en 2019 que “en todas las zonas de evaluación seleccionadas, la adición de focos sonoros más significativos de cada estudio conlleva unos niveles de ruido globales por encima de los Objetivos de Calidad Acústica definidos para áreas urbanas existentes la zonificación acústica particular que corresponda a cada caso”.
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