El pasado 30 de marzo se hacía pública la sentencia que declaraba nula la modificación de la jornada de los maestros y profesores de Religión de nuestra ciudad. Hoy, martes 7 de abril, hemos recibido del MEFP la resolución de ejecución de sentencia firme del Juzgado de lo Social nº 1 de Melilla.
Los docentes que nos dedicamos a la enseñanza de Religión Católica e Islámica queremos dar las GRACIAS a todos las personas que, desde el principio, nos han apoyado y han hecho suya nuestra reivindicación. En primer lugar a la Comisión Islámica y a la Vicaría Episcopal representados por D. Mohamed Ahmed Moh y D. Eduardo Resa Huerta. Ellos nos han acompañado en todo momento y han velado por nuestro bienestar espiritual y laboral. A los grupos políticos que se sentaron con nosotros y mostraron su indignación por la medida adoptada; CPM, VOX, CIUDADANOS, PP. Juntos sumaron fuerzas y asumieron nuestro Decálogo como documento de trabajo para luchar por los derechos vulnerados de docentes, familias y alumnos. A los diferentes sindicatos, AMPAS, claustros, familias de alumnos y amigos por apoyarnos, preocuparos por nuestra situación, luchar por la libertad religiosa de los más afectados; los alumnos y alumnas y por confiar en la fuerza que nos confería el estar unidos. Y a todos los medios de comunicación de la ciudad que funcionaron como altavoz para que la población melillense estuviera al día y conociera lo que estaba ocurriendo. Agradecemos y reconocemos lo que nos habéis ayudado. Gracias.
De toda esta situación aprendemos. Conocemos perfectamente quiénes defienden la asignatura de Religión dentro del aula y quiénes no. Tendrá un precio que se notará cuando podamos expresarnos en las urnas. Igualmente sabemos qué representantes locales nos apoyan y cuáles no. Somos docentes, compañeros de ellos. Sin embargo no han tenido tiempo de reunirse con nosotros a pesar de haberlo solicitado en el mes de octubre. Hemos recuperado unos derechos que volverán a ser pisoteados sin ningún escrúpulo. Desde aquí pedimos que se sigan los cauces legales, se sienten con el Comité de Empresa a negociar y articulen las herramientas necesarias para que el Real Decreto se aplique con el menor coste humano posible.
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