Gobierno dice que no cede a Cataluña el control de fronteras pero admite que podrá ejecutar y proponer expulsiones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno no va a ceder el control de fronteras a Cataluña con la delegación de competencias sobre inmigración, aunque la Generalitat sí podrá ejecutar o proponer expulsiones.

«Diferenciaría dos tipos de situaciones: aquellos procedimientos en materia de expulsión en los que no es necesario un expediente, la Generalitat, basándose en la normativa de Extranjería podrá expulsar en esas situaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas que tengan prohibida la entrada en nuestro país, en ese caso es uno de los supuestos. En los supuestos en los que se requiera un expediente la Generalitat podrá proponer», ha concretado Saiz.

Además, ha recalcado que se está hablando de una delegación de competencias, «no de una cesión», que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución. «Es una proposición que nace de la Constitución y que se aplica con la Constitución española en la mano», ha señalado este martes Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha querido «poner contexto» esta situación y ha destacado que Cataluña «es una comunidad que tradicionalmente ha tenido una presencia muy importante de flujos de personas extranjeras».

Así, ha recalcado que el 18% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 25,1% tienen origen extranjero: «Y, además, hay una voluntad política y hay una voluntad de la sociedad catalana, tradicionalmente, desde hace muchos años».

«Nos podemos remontar al año 1992, hace 33 años, donde ya tenían una voluntad de asumir una gestión en materia migratoria con la creación, de esa comisión interdepartamental en materia migratoria. Además, en materia de política migratoria, es muy importante el papel que tienen las administraciones más cercanas, las entidades locales, las administraciones autonómicas, como la Generalitat, más cercanas al territorio, que conocen esta realidad social y que asumen una importante responsabilidad», ha manifestado.

Estudiará la petición de otras CCAA

La ministra también ha puntualizado que si otra comunidad autónoma solicitara esta delegación se estudiaría «con rigor» y ha recalcado que la norma garantiza el respeto a los derechos humanos.

«Somos un Gobierno que defendemos dentro y en todos los espacios y ámbitos internacionales una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos, que trabaja poniendo en valor el aporte de la población extranjera para nuestro país», ha puntualizado.

No obstante, ha asegurado que «no consta» que otras comunidades autónomas hayan manifestado «una voluntad de asumir esta delegación de competencias» y ha defendido que ninguna región tiene «esa realidad concreta que tiene Cataluña».

«Si llega el caso de que alguna comunidad muestra un interés y da un paso hacia adelante en ese sentido, por supuesto se estudiará con total detenimiento y con total rigor. A mí me parece muy importante que haya una responsabilidad en este sentido, en un paso hacia adelante que da una comunidad autónoma, lo que me parece más preocupante es que otras comunidades autónomas hagan dejación de funciones, como lo hemos visto, en lo que tiene que ver con una competencia de las comunidades autónomas», ha advertido.

Menores migrantes

Respecto al reparto de menores migrantes, Saiz ha insistido en que están trabajando «de manera intensa» para que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería «vea la luz pronto» y ha recalcado que «siempre ha sido la voluntad del Gobierno el tender la mano» para la modificación de esta norma y que «esas competencias de las comunidades autónomas pasen a ser una solidaridad obligatoria».

En este punto, ha hecho hincapié en la importancia de que una comunidad autónoma «asuma la importante responsabilidad de una gestión». «Estamos viendo que, en coordinación con el Estado, una comunidad autónoma manifieste ese posicionamiento, cuando estamos viendo que algunas comunidades autónomas en materia de menores no acompañados de menores, las que son competentes, están haciendo una clara dejación de funciones, negándose a tramitar esa modificación del artículo 35», ha criticado.

Así, ha subrayado que el objetivo del Gobierno es «dar un mejor servicio, que las administraciones más cercanas, desde lo local hasta lo autonómico, que tengan un conocimiento y una relación más directa con la ciudadanía, sea una política más eficaz, que vaya a los ciudadanos».

Para la ministra, es «muy importante» el dar un paso hacia adelante en asumir una responsabilidad en esta delegación de competencias. Por ello, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado que, a su juicio, «es buena muestra del entendimiento, de la voluntad de este Gobierno del diálogo, de la voluntad de alcanzar acuerdos siempre con un fin muy claro, que es el hacer una política más eficaz, el dar un mejor servicio a la ciudadanía y siempre velar por el interés general».

Saiz ha invitado a todas las fuerzas políticas a que «se lean, que buceen en el contenido de esta proposición de ley, desde la exposición de motivos hasta todos los artículos, hasta sus disposiciones finales».

«Desde esa lectura sosegada estoy convencida de que los grupos tendrán la ocasión en el trámite que se abre ahora de hacer sus aportaciones, de analizar y de mostrar cuáles son sus posicionamientos», ha aseverado.

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