Gasto público: limitación y reasignación inteligente

Las finanzas públicas de los países del sur de Europa giran en torno a la cuantía del gasto público, bajo la obsesión de algunos gobernantes y de parte de la población, de que hay que “gastar más” porque los ajustes, dicen, han sido muy duros. Sin embargo, en España, la realidad presupuestaria acredita que durante los años 2008 a 2014 de crisis, no sólo no ha habido reducción del gasto público, sino que se ha incrementado. Hay que ser justos y reconocer que la crisis ha golpeado, principalmente, al sector privado que ha perdido tres millones de empleos desde 2007. El gran ajuste lo han sufrido la pequeña y mediana empresa, los autónomos y los empleados que han ido al desempleo. Son los desempleados de esa masacre y los jóvenes que se le han añadido, los que necesitan ayuda y, sobre todo, esperanza de tener empleo. Hay sectores, con responsabilidad empresarial, que están volcándose en crear riqueza y empleo; por ejemplo, la CEIM ha presentado su Plan 400K que pretende crear 400.000 empleos en la Comunidad de Madrid. Falta que la Administración adopte medidas que aligeren los costes para que los empresarios se animen a invertir, producir y obtener beneficio: así se creará empleo.

Por ello, hay que repetir, una y otra vez, que la gran política social posible es la creación de empleo desde la iniciativa privada, sin esperarlo del Estado benefactor. Más aún, los nuevos gobernantes deben ser conscientes de que sería un error pretender crear empleo desde el sector público porque, aumenta los impuestos o el déficit, genera dudas sobre el respeto a la libre iniciativa y a la libre competencia, y asume un riesgo improcedente.

Esta semana la OCDE ha hecho público el informe sobre la situación laboral en España y según sus previsiones (favorables), el desempleo bajará en 2016 del 20% de la población activa. Sin embargo, de nuevo, señala los defectos de nuestro marco laboral: las cotizaciones excesivas que son un auténtico impuesto sobre el trabajo y el excesivo rigor contractual que hace insufrible la dualidad laboral (indefinido-temporal), por el blindaje de los contratos de los mayores, los indefinidos, frente a la precariedad y desempleo de los jóvenes. Esta situación dual implica un grave dilema moral en nuestra sociedad envejecida; a éste se suma otro dilema, el de la deuda pública de 1 billón de euros, que heredarán nuestros hijos; ambas cuestiones acreditan que los jóvenes españoles están siendo maltratados por las generaciones anteriores. Por ello es urgente actuar para que los jóvenes se incorporen al trabajo en el que se formarán por lo que habrían de reasignarse los fondos de formación, múltiples, como pago de sus cotizaciones, liberando de ese coste a las empresas que les contraten.

Como hemos dicho, el nivel de gasto público en España, no se ha reducido durante la crisis. Sin embargo, aunque los datos dicen que el gasto público se ha mantenido durante la crisis, existe el síndrome de abstinencia en parte de la sociedad y algunos gobernantes. Sobre esta materia falta suficiente información.

Recordemos que en España los pensionistas han mantenido su nivel de ingresos, a su vez, el sector público ha mantenido su nivel de empleo e, incluso, durante 2015 ha aumentado en 50.000 empleos, alcanzando el ajuste a alguna paga extraordinaria. Sin embargo, está pendiente la reforma de la Administración Pública cuya estructura con tres administraciones, estatal, autonómica y local, con Diputaciones…es excesiva. Además los costes fijos de estructura se agigantan con el personal asesor (interino, eventual…) proveniente de las cercanías de los partidos políticos.

Un Estado moderno y una sociedad avanzada precisan gestores públicos que actúen, sin demagogia ni síndrome de abstinencia, administrando con responsabilidad e inteligencia los recursos, eligiendo los objetivos, asignando el gasto con prioridades lógicas, donde haga falta por razones sociales y de eficacia y no quejándose permanentemente de su insuficiencia. Así cabe decir que es muy importante el contenido del art. 135 de la Constitución Española; hay críticos que ponen en duda, incluso, que deba existir una limitación del déficit del 3% del PIB anual, cuando, en una Democracia Liberal debería existir otro límite adicional constitucional, para que el nivel de gasto presupuestario no exceda del 33%-40% del PIB, frente al montante actual de gasto próximo al 50% del PIB.

Ahora que el gobierno está trazando las líneas del Presupuesto para 2016 sería un momento idóneo para explicar a los ciudadanos qué objetivos persigue, especialmente sobre empleo, y qué cuantía del presupuesto se distribuye entre Comunidades Autónomas porque, de nuevo, algunas CCAA manirrotas reprochan insuficiencia.

Parte de los ciudadanos se han creído las promesas imposibles de los políticos que han sembrado la sociedad de “derechos a ayudas” que, además, nada tienen que ver con auténticas necesidades sociales básicas; a su vez, este aluvión de derechos desinhibe a los partidos conservadores, para no estar en desventaja competitiva, y se incorporan a la carrera del gasto público; finalmente, los partidos sobredimensionan la estructura burocrática para colocar a sus fieles, con perjudiciales efectos sobre la buena administración y sobre la contención de impuestos.

CONCLUSIÓN

El gobierno de España ha comenzado los trámites para la aprobación del Presupuesto para 2016. Debe contenerse la presión obsesiva de parte de la sociedad y gobernantes para “gastar más” ya que, un Estado moderno, necesita adecuar el gasto a los ingresos, sin endeudarse y asignar con inteligencia los recursos donde haga más falta. La mejor política social es la de impulsar la inversión empresarial para que las empresas creen empleo; así pues, deben las administraciones reducir el elevado coste por cotizaciones sociales, fiscales y licencias.

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