García Ortiz nomina al fiscal del caso Palau para un cargo donde fijará criterio para el delito por el que está imputado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto al fiscal del se ocupó de los casos del Palau de la Música y del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, para una plaza de nueva creación, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, donde tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo (TS) investiga al jefe del Ministerio Público.

Así lo ha acordado tras el Pleno del Consejo Fiscal celebrado este martes, donde se decidían las jefaturas de cuatro unidades especializadas de la Fiscalía: la de delitos contra la administración pública, la de delitos económicos, la de seguridad vial y la de violencia de género.

De estos cuatro puestos, destacan los dos fiscales de sala para coordinar las nuevas unidades especializadas de la Fiscalía que se crearon como parte del Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno: una de delitos económicos contra la Hacienda Pública y otra de delitos contra la administración pública.

Para la primera, García Ortiz ha nominado a Sánchez Ulled, mientras que para la segunda ha propuesto al actual fiscal de sala delegado de delitos económicos, adscrito a la sección penal de la Fiscalía del TS, Fernando Rodríguez Rey.

La fiscal superior de Asturias y delegada de violencia de género en dicha comunidad autónoma, María Eugenia Prendes, ha sido propuesta como fiscal de sala de violencia contra la mujer, puesto para el que era la única candidata.

Por último, para cubrir la vacante que dejó el fiscal de sala coordinador de seguridad vial Luis del Río tras su fallecimiento el pasado enero, García Ortiz ha designado al hasta ahora fiscal adscrito al fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial Mario Jesús Sanz Fernández-Vega.

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