La que fuera consejera de Bienestar Social entre los años 2003 y 2015, María Antonia Garbín, se sienta mañana en el banquillo de los acusados como procesada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea compartirá asiento con otros trece acusados: nueve funcionarios y cuatro letrados. Garbín se enfrenta a la posible pena de diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público. El ‘Caso Abogados’ surgió tras la denuncia de la Asociación Libre de Abogados (ALA) por las presuntas contrataciones ilegales de abogados. La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, María Antonia Garbín, se sienta mañana en el banquillo de los acusados como investigada en el ‘Caso Abogados’. Aunque es el Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla el que lleva esta causa, el juicio se celebrará en la sala de la Audiencia Provincial por cuestiones de espacio.
La ex consejera de Bienestar Social está procesada junto a otros nueve funcionarios y cuatro abogados por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. En total suman catorce acusados que se enfrentan a penas que de entre 4 y 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público.
Las penas
Tanto la Fiscalía como la Asociación Libre de Abogados (ALA) piden para Garbín diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.
Cambia en el caso de los nueve funcionarios. Mientras el Ministerio Público solicita nueve años de inhabilitación, ALA pide ocho años y seis meses para cinco de los funcionarios y nueve para los otros cuatro empleados públicos.
En el caso de los cuatro abogados, la Fiscalía reclamó el sobreseimiento provisional, mientras que la entidad que se personó como acusación popular pide a cada uno de los abogados cuatro años de inhabilitación.
El sindicato Manos Limpias se personó junto a ALA como acusación particular, pero se ha retirado del procedimiento en el último momento.
Origen del ‘Caso Abogados’
El ‘Caso Abogados’ surgió tras la denuncia en 2011 de la Asociación Libre de Abogados (ALA) que ponía de manifiesto las presuntas contrataciones ilegales de abogados que no pertenecían a la Administración, pasando por alto los procedimientos ordinarios.
En el caso de Garbín, se le responsabiliza de formalizar 91 contratos menores con cuatro letrados a los que, según la acusación, habría contratado durante diez años sin respetar los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación.
Cabe recordar que entre los funcionarios procesados hay varios directores generales y secretarios técnicos que, según la acusación, también participaron de forma activa en la contratación de los letrados externos.
La defensa
En declaraciones vertidas en los medios de comunicación, la que fue consejera de Bienestar Social entre 2003 y 2015 aseguró que no había cometido ningún delito de prevaricación e insistió en que el método de contratación utilizado no se aplicó por primera vez cuando ella era la titular del Área, sino que se llevaba usando desde 1998. Según defendió Garbín , todavía no se ha demostrado que tuviera la intención de cometer ningún delito.
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