Fundación Raíces busca paralizar la expulsión de un MENA que llegó a Madrid desde Melilla

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite una demanda de Fundación Raíces contra el Protocolo Marco de Actuación sobre Menores Extranjeros no Acompañados elaborado por el Gobierno ya su aplicación es contraria a la doctrina del Supremo y "desprotege a los niños extranjeros que están solos en España". El motivo, la situación de un joven de origen magrebí de unos 17 que tras huir del Centro Purísima llegó a Madrid donde se le acogió como menor pero que ahora se le quiere expulsar por entender la Fiscalía, en base a pruebas cuya validez rechaza la ong, es mayor de edad. Así lo señala la responsable de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal; y los abogados voluntarios de la entidad en una rueda de prensa en la que comparecieron junto a Rafik, un joven de 17 años que tras ser decretado menor de edad en Melilla y Andalucía, Madrid dice que es adulto y quiere expulsarle.

Recurso
El recurso de la Fundación Raíces fue presentado el 15 de diciembre ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM que lo admitió a trámite. La demanda se dirige contra el protocolo publicado en el BOE el 16 de octubre de 2014 fruto de un acuerdo que habían cerrado los ministerios de Justicia, Empleo, Sanidad, Interior y Asuntos Exteriores con la Fiscalía. Establece que las certificaciones expedidas por los países de origen de estos niños, como el pasaporte o la partida de nacimiento, "no constituyen prueba plena" de su edad, así que se pueden hacer análisis médicos complementarios.

El Tribunal Supremo dictó poco después de aquel acuerdo una sentencia según la cual "un inmigrante de cuyo pasaporte o documento de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad". Fija que tampoco se harán los análisis cuando aún sin pasaporte, la apariencia física sea obviamente la de un menor. Raíces denuncia una "clara contradicción" entre el Supremo y el Protocolo al interpretar que se considera un menor "indocumentado" a efectos de someterle a pruebas de determinación de la edad. Recurre asimismo la regulación de estos análisis por la "ausencia de garantías mínimas de audiencia y defensa letrada".

Pruebas
La Fundación explica que en la práctica, el protocolo implica que la Administración no da por válidos los documentos y obliga al afectado a someterse a unas pruebas, generalmente radiografías de la muñeca para demostrar la edad que alega. Sin embargo, la horquilla de edad que ofrecen los resultados es de varios años, por lo que un chico de 15 puede pasar por uno de 19, como advirtió el Defensor del Pueblo. En esta situación se encuentra Rafik, a quien representa Fundación Raíces. Cuando llegó hace tres meses a Melilla y ante su apariencia de menor de edad, fue enviado al centro de La Purísima. Cruzó como polizón a la Península y fue detectado en Granada, donde también siguiendo su apariencia le inscribieron en el Registro de Menores No Acompañados y le tutelaron.

Llegó después a Madrid, donde con un patrón similar ingresó en el centro de menores de Hortaleza. Sin embargo, la Fiscalía ordenó pruebas de edad que decretaron que tenía 19 años. "La Brigada de Extranjería (de la Policía Nacional) fue a buscarle, le llevaron a los calabozos de una comisaría en Aluche y le incoaron un procedimiento de expulsión". La organización, que ha pedido sin respuesta medidas cautelares a un juzgado y ha recurrido al Defensor del Pueblo, constata que el joven estaba inscrito en el Registro de MENA y plantea si la Fiscalía madrileña no lo consultó, como manda el protocolo, o si obvió este hecho. Denuncia que la policía le asignó un nuevo número de identificación con nuevos datos de nacimiento para poder expulsarle.
"Ahora Rafik tiene dos NIE, dos números de identificación personal y tres posibles fechas de nacimiento, la que dice su país, 17 años, la que dice Fiscalía, 19 años y la que dice la Delegación del Gobierno en Madrid que pretende expulsarle, 18 años", denuncian. La organización recuerda que no podrá ser en un avión, donde su documentación de origen sí tiene plena validez, pero sí por las fronteras terrestres de Ceuta o de Melilla. Hoy pasará de nuevo por Fiscalía de Menores para intentar que atienda a su documentación original remitida por Marruecos y modifique su decreto. Reyzábal explica que mientras tanto, seguirá "en un albergue con personas de 60 años" en el que ingresó tras varios días "durmiendo en una silla del Samur Social" gracias a una educadora que se hizo cargo de su situación.

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