Funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado este jueves en las puertas de los Juzgados de Melilla para exigir una «retribución adecuada» y la «paralización» y «negociación» de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
En declaraciones al MELILLA HOY, el presidente del sector de justicia de CSIF en Melilla, Ángel Castillo, asegura que dicha ley «pone en riesgo» puestos de trabajo, destino, movilidad voluntaria, retribuciones y funciones concretas.
Por otro lado, piden un «reconocimiento y clarificación» de las funciones que se realizan de manera efectiva por los funcionarios de los cuerpos generales y especiales, y una «retribución adecuada» a dichas funciones, que va desde los 430 euros para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, pasando por 400 euros para cuerpos de gestión y técnicos especialistas de laboratorio, 375 para cuerpos de tramitación y ayudantes de laboratorio, y 350 euros para el cuerpo de auxilio judicial.
Castillo asegura que los funcionarios de Justicia se muestran «hartos» de ser los paganos de la Justicia». «Somos nosotros los que ponemos en marcha día a día los juzgados: los gestores, los administradores, los auxilios, médicos forenses y técnicos y auxiliares de los institutos de medicina legal», afirma.
«No nos van a parar», advierte, asegurando que si por parte de los Ministerios de Función Pública y el de Hacienda no ponen sobre la mesa una propuesta económica «adecuada» continuarán con las movilizaciones «con más contundencia», y con el «consiguiente perjuicio» para los ciudadanos.
El responsable de CSIF Justicia en la ciudad pregunta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, «hasta cuándo pretende tensar la cuerda», ya que apunta que, desde el inicio de la huelga, se han paralizado más de cuatro millones de expedientes a nivel nacional, y decenas de miles de juicios suspendidos.
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