El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró los mensajes contenidos en su teléfono móvil entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave para la presunta filtración sobre Alberto González Amador –el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– por protocolo, tanto de seguridad como de protección de datos, según informan fuentes fiscales a Europa Press.
Las fuentes consultadas indican que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, si bien aclaran que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil.
Fuentes fiscales ya indicaron el jueves que la Fiscalía General del Estado (FGE) hace un borrado cíclico del contenido de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos por razones de seguridad, tanto del fiscal general como del resto de miembros de la institución, justificando de esta manera que la Unidad Central Operativa (UCO) encontrara «0 mensajes» a García Ortiz.
En este sentido, recordaron la existencia de varias normas internas sobre protección de datos que aconsejan no almacenarlos «indefinidamente».
Así, mencionaron la instrucción 2/2019, según la cual «el Ministerio Fiscal (MF), en el estricto ámbito de sus competencias y actuación, estará obligado a tratar los datos personales de las personas físicas» de acuerdo con determinados principios.
Entre esos principios se recoge el de «limitación del plazo de conservación, lo que supone que, exclusivamente en el marco de las competencias propias del MF y en la medida de lo posible, se adopten medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento».
En el mismo documento, se alude como parte de las «obligaciones» del MF, la «destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso utilizando, para la documentación en soporte papel, las destructoras o contenedores cerrados previstos al efecto».
Apuntaron también a la «guía básica de actuaciones a desarrollar» por el Ministerio Fiscal en materia de protección de datos, que se difundió entre la carrera fiscal en junio de 2022, porque recoge como medidas de seguridad a observar «no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico» y «eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera».
La guía básica recomienda asimismo que «el almacenamiento de información que contenga datos personales en soportes electrónicos portátiles (…) ha de limitarse al máximo siendo obligada su encriptación en caso de que se utilicen». Y añade que el «formateado de los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario y certificación de dicha actuación por parte del personal encargado».
La polémica se desató el jueves, cuando se conoció el informe de la UCO que encargó el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado sobre el contenido de los dispositivos electrónicos incautados a García Ortiz durante el registro del pasado 30 de octubre en su despacho de la FGE.
La Guardia Civil plasmó en este informe que había encontrado «0 mensajes» en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave para la presunta filtración sobre González Amador que se investiga en el TS como un posible delito de revelación de secretos.
A pesar del resultado de esta búsqueda, en el informe elaborado también por la UCO respecto a los dispositivos incautados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el registro a su despacho, ese mismo 30 de octubre, la Guardia Civil sí detectó mensajes con García Ortiz.
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