Fiscalía de Madrid rectifica y reconoce la minoría de edad de un joven magrebí que pasó por Melilla

La Fiscalía de Madrid modificó ayer finalmente el decreto de determinación de la edad que dictó sobre Rafik, un chico marroquí que se encuentra solo en España, para reconocer que realmente es un menor de edad, tal y como figura en la partida de nacimiento oficial expedida por Marruecos. Este organismo sometió al joven a una batería de pruebas médicas y dictaminó que tenía 19 años, tras lo cual se le abrió un procedimiento de expulsión para deportarle. Según la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, el joven Rafik ha sido oficialmente reconocido como menor de edad por la Fiscalía de Menores de Madrid, por lo que ha entrado bajo tutela de la Comunidad autónoma acogido en el centro para niños y adolescentes de Hortaleza. El joven lleva tres meses en España desde que consiguió entrar en Melilla. Ante su apariencia física, que evidenciaba minoría de edad, las autoridades melillenses lo ingresaron en el Centro de La Purísima. Quería llegar a Madrid, así que cruzó a la Península como polizón.

En Granada fue interceptado por las autoridades que, al igual que en Melilla, le reconocieron como menor y le llevaron a un centro especializado. Además, le inscribieron en el Registro estatal de Menores Extranjeros no Acompañados, una base nacional donde deben figurar con su huella dactilar y sus datos todos los niños migrantes encontrados. En Jaén también le dieron por menor. Tenía 17 años.

La situación cambió cuando fue detectado en la capital. Al poco de entrar en el Centro de Menores de Hortaleza por su apariencia física, fue sometido a pruebas médicas de determinación de la edad (radiografía de la muñeca, exploración testicular y análisis de la dentadura) en el Hospital Gregorio Marañón. Los análisis concluyeron que tenía 19 años, así que fue expulsado de sistema de protección. La Brigada de Extranjería fue a buscarle al centro y le trasladó a los calabozos de la comisaría de Aluche. Salió al día siguiente con un proceso de expulsión abierto, un nuevo número de identificación personal y una nueva edad: las autoridades policiales determinaron que tenía 18 años y podían deportarle.

Las pruebas de la edad a las que fue sometido se sustentan en el Protocolo Marco de Actuación sobre Menores Extranjeros no Acompañados elaborado por el Gobierno en octubre pasado. Establece que las certificaciones expedidas por los países de origen de estos niños, como pasaporte o partida de nacimiento, "no constituyen prueba plena" de su edad, así que se pueden hacer análisis médicos complementarios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió una demanda presentada por Fundación Raíces contra este acuerdo porque entienden que con su aplicación se producen casos de desprotección como el de Rafik, un menor de edad tomado por adulto, como dice Reyzábal, "sólo porque está solo en España".

En su recurso, denuncian además que el protocolo es contrario a la doctrina del Tribunal Supremo, pues en una sentencia de julio de 2014 determinó que "un inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de su edad". Tampoco cuando pese a no tener documentos, sea por su apariencia física obviamente menor de edad.

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