Unos 60 agentes de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) han asistido este miércoles a unas jornadas sobre el trabajo de la Policía Judicial que organizan de forma conjunta la CEP, CSI-F y AEGC dentro del programa de formación continua que llevan a cabo durante todo el año. En este curso han intervenido entre otros el juez decano de los Juzgados de Melilla, Fernando G. Portillo, quien relató las novedades de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su reforma en 2015. Entre estos cambios se encuentra la legislación con mayor precisión, de los derechos de los detenidos. "Los policías son conscientes de que vivimos en un Estado de Derecho, y son los primeros interesados en que se respeten el detenido todos sus derechos para evitar precisamente que se pueda impugnar y torpedear la investigación", aseveró el juez decano de Melilla, Fernando G. Portillo, para explicar las novedades de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su reforma en 2015.
Portillo explicó a los asistentes al curso las modificaciones que afectan directamente al trabajo cotidiano de las FyCSE como son los cambios en los derechos de los detenidos del artículo 520. Esta modificación ha articulado derechos que antes eran ejercidos, pero que no estaban recogidos en una ley que data de 1882 y a la que se han incorporado también directivas europeas.
Entre ellas, el derecho de todo detenido a, de forma inmediata y sin demora injustificada, entrevistarse con su abogado aunque el atestado no esté listo. En el caso de que haya demora, agrega Portillo "debe ser por una causa justificada" y plasmada en el atestado.
También se ha legislado el derecho a que el detenido pueda llamar a un tercero a su elección, aunque esta vez sí en presencia de un policía pero "inmediatamente o sin demora injustificada".
Estos derechos han permitido que el procedimiento sea mucho más garantista y precisa las "buenas formas y prácticas" en orden al trato a la defensa del detenido. Portillo sostiene que normalmente nunca ha habido problemas en este sentido en la ciudad y antes de dicha reforma, apenas había reclamaciones en esta materia de los abogados de la defensa.
Derecho al honor del detenido
Otro de los derechos que recoge la reforma, es que toda la detención o traslado de detenido debe hacerse respetando los derechos del detenido al honor, a la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, agrega el juez decano, dicho precepto no es nuevo y ya estaba y sigue recogido en la legislación y es que "toda detención o traslado debe hacerse de la forma que menos le perjudique en su persona, patrimonio y reputación".
El decano explica que a causa de las detenciones que se han convertido en un "espectáculo mediático", el legislador se ha visto obligado a "decirlo expresamente y de forma tajante". Portillo indicó, al igual que algún otro asistente a las jornadas, que el legislador se ha acordado de estos derechos cuando "han sido los propios altos dirigentes y notorias personalidades la que han sido objetos de esas detenciones". Dicha norma, obliga más según el juez decano, a ser "más cuidadoso" para evitar que por ejemplo "el Estado español pudiera ser demandado por una detención sin que se respetaran esos derechos".
Las telecomunicaciones
Al ser una norma de los años 80, la regulación en la legislación sobre la intervención de las telecomunicaciones telefónicas o electrónicas no tenía regulación en la norma, aunque sí una larga jurisprudencia al respecto que ha permitido que no se vulneren los derechos fundamentales hasta su regulación en 2015.
El juez decano asegura que ni antes de la reforma ni después ha sido fácil o directa la intervención de las telecomunicaciones y solo se puede realizar una vez que se hayan practicado diligencias previas de las cuales se desprenda la necesidad, dado que no haya otra forma para esclarecer los hechos, de intervenir las telecomunicaciones telefónicas o electrónicas sin autorización judicial.
Trámite de las diligencias
En estas jornadas también ha intervenido el presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla, Federico Morales, para abordar directamente el trámite de las diligencias e investigaciones para combatir la corrupción, la delincuencia organizada y por supuesto el terrorismo.
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